A pesar que el proyecto de ley que reemplazará al Crédito con Aval del Estado y el Fondo Solidario todavía no ingresa al Congreso, como lo comprometió el Gobierno, la discusión en relación a los puntos que se han conocido de la iniciativa ya se inició.
Uno de ellos dice relación con la calidad de las instituciones que podrán acceder a este nuevo crédito estatal y para lo cual se fija como requisito sólo estar acreditadas; pese a que para la política de gratuidad se fijaron como mínimo tener 4 años de certificación.
El ministro de Educación, Gerardo Varela, descartó que se vaya a subir el piso mínimo de acreditación que contempla la iniciativa, argumentando que si se deja en los mismos parámetros que la gratuidad, 220 mil estudiantes quedarían fuera del nuevo Sistema de Financiamiento Solidario.
Sin embargo, la paradójica situación que enfrenta la Universidad Iberoamericana, al ser una institución en proceso de cierre pese a estar acreditada hasta diciembre próximo, puso una luz de alerta en algunos rectores y parlamentarios, con la intención de evitar que esto vuelva a ocurrir con el nuevo crédito estatal.
La presidenta de la comisión investigadora del Crédito con Aval del Estado y diputada de Izquierda Autónoma, Camila Rojas, sostuvo que muchas instituciones con baja calidad reciben hoy fondos públicos por medio del CAE, sin que esto sea garantía para el estudiante, por lo que pidió homologar el piso de cuatro años de acreditación que fija la gratuidad.
Para el diputado de la UDI, Jaime Bellolio, los cambios que contempla la Ley de Educación Superior, sobre nuevos estándares de acreditación y la institucionalidad que se creará, serían suficientes para detectar a tiempo casos como el de la Universidad Iberoamericana.
Si bien el Gobierno pretende implementar el nuevo sistema de crédito a contar del próximo año, los nuevos estándares de acreditación recién podrían comenzar a aplicarse a partir del año 2020.
