El presidente del Consejo para la Transparencia (CPLT), Marcelo Drago, valoró la celeridad con la que se está trabajando el proyecto de ley que aumenta las penas por delitos de soborno y cohecho, que se encuentra en Comisión Mixta. Sin embargo, advirtió que deben agregarse más medidas.
En ese ámbito, sostuvo que “debe complementarse con otras materias que se encuentran en al ámbito administrativo, por ejemplo, necesitamos establecer listas negras para empresas que hayan sido penalizadas por estos delitos y que tengan prohibición de contratar con el Estado. No parece razonable que existan reglas y prohibiciones administrativas ante faltas laborales y no desde el punto de vista penal”.
Según Drago, es relevante abordar los diferentes elementos pendientes en la materia para elevar los estándares de integridad y de probidad en el sector público, sobre todo en materia de conflictos de interés, deberes de abstención, puerta giratoria, y condiciones para realizar la ley de lobby, entre otros.
Parar lograr lo anterior, señaló que es necesario abordar reglas aplicables para proveedores y su probable vínculo familiar con funcionarios públicos a cargo de adquisiciones para el Estado, lo que debiera contener el proyecto de Ley de Integridad Pública anunciado por el Presidente en su cuenta pública del 1 de junio.
Asimismo, el titular de Transparencia valoró que la iniciativa tipifique delitos de administración desleal y de soborno entre particulares, así como también respecto a la responsabilidad penal en personas jurídicas y lavados de activos.
Finalmente, afirmó que el CPLT analizará en detalle la propuesta que presentará el Ministro de Justicia sobre el particular para contribuir en el desarrollo de su tramitación.
