En una audiencia realizada esta mañana, en el marco del Caso Sename, se mantuvo como querellante al Consejo de Defensa del Estado (CDE), a pesar de los cuestionamientos y la petición de exclusión que había.

La tardanza en la presentación de la querella, el delito con penas de menor entidad considerado en el libelo, y el rol que tuvo la exministra de Justicia Javiera Blanco al inicio de la investigación por la muerte de Lissette Villa, fueron parte de los cuestionamientos al CDE.

Sin embargo, el Séptimo Tribunal de Garantía de Santiago no acogió los argumentos y mantuvo a los representantes del Estado como intervinientes en esta causa, asegurando que tenía legitimidad y estaba dentro del plazo legal, pese a que interpuso la acción judicial justo antes del término del plazo para la investigación, el pasado 19 de septiembre.

Otro antecedente expuesto fue la solicitud que en 2016 hizo el Sename al Consejo para que los defendiera, lo cual fue confirmado en audiencia por el fiscal regional de Los Lagos, Marcos Emilfork.

Por su parte, el CDE se defendió, a través del abogado Rubén Salas, quien también confirmó que les pidieron la defensa del Sename y que no se informó porque se entendía que no lo podían ejercer.

La Radio le consultó al jurista sobre la legitimación de su intervención en esta causa y afirmó que volverán a estudiarla para establecer lo lineamientos. Además, aseguró que en caso que la Fiscalía cambie -a imputada- la calidad de una de sus miembros, Javiera Blanco, no cambia en nada su postura.

En esta causa existe una arista por violación de secreto, en la que se declaró como imputado el exdirector del Servicio Médico Legal, Patricio Bustos, quien se reunió con la exsecretaria de Estado para, presuntamente, analizar la situación médica de la menor.

La abogada Jaqueline Stubing afirmó que, además, llama la atención que se hagan parte cuando se piden diligencias en relación a uno de sus miembros.

Entre los querellantes que pedían la exclusión estuvo el Instituto Nacional de Derechos Humanos, representado por el abogado Pablo Rivera, quien explicó que la calificación jurídica diversa y los plazos eran sus argumentos para pedirla.

En esta misma audiencia se reformalizaron a 10 personas indagadas por la muerte de Lissette Villa y se extendió en seis meses el plazo para investigar.