La Asociación Nacional de Funcionarios de la Junta Nacional de Jardines Infantiles (Ajunji) exigió a la institución que los establecimientos educacionales Junji cuenten con condiciones de seguridad para sus trabajadores, ante el aumento de agresiones.
Algunos casos de violencia se registraron en Puerto Varas, donde la Ajunji cerró un jardín infantil para lograr ser escuchadas, luego que 26 funcionarias fueran atendidas en la Mutual para evaluar su condición de salud tras un ataque recibido el viernes 24 de junio, indicó la organización.
La misma situación ocurrió el lunes pasado en Iquique, cuando los dirigentes regionales acusaron el abuso de apoderados.
La presidenta nacional Ajunji, Julia Requena pidió que el servicio aplique el Artículo 90 del estatuto administrativo, que indica que si algún apoderado menoscaba la integridad de un profesional se tomen las medidas legales correspondientes.
Estos hechos han sido informados a los mandos institucionales y la asociación solicitó un encuentro con la vicepresidenta ejecutiva para tratar el tema.
