El Tribunal Supremo español rebajó la pena de cárcel al chileno Rodrigo Lanza Huidobro, condenado por el "crimen de los tirantes", hecho ocurrido en 2017.
El Tribunal Supremo español (TS) rebajó de 20 a 18,5 años de cárcel la pena impuesta al chileno Rodrigo Lanza Huidobro por asesinar en 2017 a un hombre que llevaba unos tirantes con los colores de la bandera de España, pues considera que existió ánimo de matar, pero no que actuara por motivos ideológicos.
El Alto Tribunal estimó así parcialmente el recurso del condenado y elimina la agravante ideológica, que sí habían apreciado el jurado que lo juzgó en primera instancia y después el Tribunal Superior de Justicia de la región de Aragón.
El TS considera probado que, al comenzar la discusión entre ambos en un bar de la ciudad de Zaragoza, sí hubo una “agresión verbal por motivos ideológicos”, cuando Lanza llamó “facha” y “fascista” a la víctima, Víctor Laínez.
Sin embargo, subraya que luego tuvieron otra conversación, fuera del local, y justo antes de la agresión, cuyo contenido se ignora.
Esto, según el tribunal, impide ratificar que lo asesinara también por motivos ideológicos, por el principio jurídico ‘in dubio pro reo’.
El TC considera que los 18,5 años de cárcel son una condena “proporcionada a la gravedad de los hechos” ante la “reiteración de golpes y la futilidad del móvil de la acción”.
En ese sentido, el Supremo confirmó la calificación de los hechos como delito de asesinato consumado, al concurrir alevosía, con la atenuante analógica de embriaguez.
Ante ello, rechazó así el resto de argumentos del recurso, ratificando que hubo “ánimo de matar”, tras comprobar “la contundencia de los golpes y su intensidad”, que la mayoría de las patadas y los puñetazos en la cabeza se produjeron cuando la víctima estaba semiinconsciente en el suelo.
El dueño del bar le dijo al acusado, en plena agresión, “para, para que lo vas a matar”.
En cuanto a la responsabilidad civil, el tribunal confirma que Lanza, que en el momento de los hechos estaba vinculado al movimiento antisistema, debe indemnizar con 200.000 euros (218.000 dólares) a los familiares de la víctima.
