El Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) ha pedido este miércoles a Rusia la “liberación(…) con efecto inmediato” del activista y opositor Alexei Navalny, condenado a tres años y medio de prisión.
A esta petición, el gobierno de Rusia respondió considerando que no hay ninguna base legal para liberar al líder opositor. “La exigencia sobre la liberación de Navalni del TEDH que recibimos hoy es algo sin precedentes por muchas razones. Primero, es una clara y burda injerencia en el funcionamiento del sistema judicial de un país soberano y, segundo, es una reclamación infundada e ilegítima”, dijo el ministro de Justicia de Rusia, Konstantin Chuichenko.
El ministro agregó que la demanda del TEDH no cita “ninguna prueba, ni ninguna norma que permitirían al tribunal a tomar la decisión” de liberar al opositor.
Además, señaló, la petición no puede cumplirse porque “de acuerdo con la legislación rusa, no hay motivos legales para la liberación” de Navalni.
El tribunal con sede en Estrasburgo justifica su petición de carácter interino por los “riesgos” que corre la vida de Navalny mientras permanece en las instalaciones penitenciarias, ya que el propio opositor trasladó en una apelación que el Kremlin “no le proporcionaba suficientes guardias para su seguridad”.
En primera instancia, el Gobierno ruso había asegurado al ente que Navalny se encontraba protegido en prisión, ya que su celda estaba videovigilada y tenía acceso a “comunicaciones electrónicas”, como “llamadas de teléfono”, además de a recibir visitas de sus “abogados y de los miembros de la comisión pública de observación”.
Navalny fue condenado en 2014 a tres años y medio y este mes un tribunal ordenó su ingreso en prisión por vulnerar las condiciones de su libertad provisional, tras viajar a Alemania para tratarse de un envenenamiento el pasado agosto del que el opositor culpa al Kremlin, que niega su implicación.
La pasada semana, las autoridades rusas ya descartaron recurrir una sentencia del TEDH que obligaba a Rusia a pagar 8.500 euros a Navalny por una detención que tuvo lugar en 2012 durante unas protestas contra Vladimir Putin, al considerar que el activista no tuvo acceso a un juicio justo y se vulneró su libertad de expresión.
La detención de Navalny ha desencadenado una ola de protestas en Rusia que se repiten de manera regular y que ha tenido como represalia una cascada de detenciones de miembros del movimiento encabezado por el opositor.
El activista se enfrenta ahora a un nuevo proceso por haber difamado presuntamente a un veterano de la II Guerra Mundial, mientras que organismos por los Derechos Humanos y las principales potencias occidentales piden al Kremlin su liberación.
