La fiscalía financiera francesa solicitó este martes cuatro años de cárcel, dos de ellos firme, contra el expresidente Nicolas Sarkozy, juzgado en París por corrupción y tráfico de influencias.
El exmandatario, de 65 años, está acusado de haber intentado sobornar a un juez con un puesto muy codiciado a cambio de información privilegiada sobre otro sumario.
Los fiscales pidieron la misma pena contra sus coacusados, el exjuez Gilbert Azibert y el abogado habitual de Sarkozy, Thierry Herzog. Para este último pidió también una prohibición de cinco años de ejercicio de su profesión.
Sarkozy, que dirigió a Francia de 2007 a 2012, había dicho el lunes ante el tribunal que “nunca cometió el más mínimo acto de corrupción” y prometió ir “hasta el final” para limpiar su nombre.
Los cargos de corrupción y tráfico de influencias conllevan una pena máxima de 10 años y una multa de un millón de euros (1,2 millones de dólares).
Sarkozy es sospechoso de haber intentado corromper, junto con Herzog, a Azibert, cuando era juez del Tribunal Supremo.
Según la acusación, el exmandatario buscaba obtener informaciones cubiertas por el secreto profesional, e influir en las diligencias abiertas ante la alta jurisdicción relacionada con el caso Bettencourt, sobreseído a finales de 2013.
A cambio, habría ofrecido a Azibert su ayuda para obtener un puesto de prestigio al que éste aspiraba en Mónaco, aunque nunca lo obtuvo.
Este juicio es inédito ya que Sarkozy es el primer expresidente de Francia desde la instauración de la V República (1958) en sentarse físicamente en el banquillo de los acusados.
Antes de él, solo Jacques Chirac, su antecesor y mentor político, fue juzgado y condenado por malversación de fondos públicos cometida cuando era alcalde de París, pero debido a problemas de salud nunca compareció ante la corte.
