Internacional
Miércoles 24 junio de 2020 | Publicado a las 12:34
Video revela controvertidos m√©todos que causaron muerte de joven marroqu√≠ en reformatorio espa√Īol
Por Diego Vera
La información es de Agence France-Presse
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La muerte de Iliass Tahiri en 2019 en un centro espa√Īol de menores se calific√≥ en su momento de “accidental”, pero la difusi√≥n de un video de su deceso pone en entredicho esa versi√≥n y los protocolos de inmovilizaci√≥n aplicados por los agentes de seguridad.

El joven marroqu√≠ falleci√≥ con 18 a√Īos el 1 de julio de 2019 en el centro de internamiento de Tierras de Oria, en la provincia andaluza de Almer√≠a (sureste), pero el pasado enero la justicia archiv√≥ el caso como una “muerte accidental”.

Posiblemente hubiera quedado en el olvido si nadie hubiera filtrado al diario El País la grabación de las cámaras de videovigilancia, en plena ola mundial de protestas contra el racismo y la brutalidad policial.

La autenticidad del video fue confirmada por una portavoz de Ginso, la empresa privada que gestiona el centro Tierras de Oria.

En las im√°genes se ve al joven bocabajo en una cama inmovilizado por seis agentes, que utilizan un protocolo considerado “peligroso” por organizaciones de derechos humanos.

Con varios agentes encima suyo, Tahiri no muestra una actitud violenta, un requisito básico para aplicar esa práctica de contención mecánica (atar a alguien a una cama para que no se hiera a sí mismo o a terceros).

“Ves el v√≠deo y no vas a creer que fue una muerte accidental como dice la jueza”, dijo a AFP su hermano Anass, de 22 a√Īos.

“El v√≠deo muestra todo, que lo mataron. Es un asesinato”, a√Īadi√≥ Tahiri, cuya familia ha recurrido el archivo del caso.

El 18 de junio, la fiscal√≠a de Almer√≠a se sum√≥ a la petici√≥n, calificando de “ilegal” el protocolo aplicado.

El defensor del pueblo espa√Īol, por su parte, pidi√≥ la abolici√≥n de estas pr√°cticas en los centros para j√≥venes.

‘Prefer√≠a la c√°rcel’

En el video se ve a seis personas amordazando a Tahiri en la cama, llegando a arrodillarse sobre √©l para atarle las mu√Īecas, hasta que descubren que no respira.

El joven hab√≠a sido internado por “un problema en la calle” y Tierras de Oria era el tercer centro por donde pasaba, explic√≥ su hermano.

La v√≠spera de su muerte, su madre lo visit√≥ por primera vez en dos meses de internamiento. Durante el encuentro, el joven asegur√≥ que estaba siendo amenazado, seg√ļn Anass Tahiri.

“Le pidi√≥ que consiguiera un abogado para sacarlo de all√≠, porque lleg√≥ un punto en que prefer√≠a la c√°rcel que el centro”.

En un comunicado enviado a AFP, la empresa Ginso dijo que durante la investigaci√≥n judicial “qued√≥ patente la necesidad y correcta aplicaci√≥n de las medidas de contenci√≥n por parte de los empleados, quienes cumplieron de manera escrupulosa con el protocolo y procedimientos vigentes en su momento”.

Ginso a√Īadi√≥ que el uso de esta t√©cnica fue “excepcional” y se aplic√≥ con “la m√≠nima fuerza imprescindible”.

Sin embargo, la Asociaci√≥n Pro Derechos Humanos de Andaluc√≠a (APDHA) replic√≥ que esta pr√°ctica es una “medida habitual” en los centros de menores para impartir disciplina o castigos.

“En el v√≠deo se ve que era un uso de la fuerza totalmente desmedido dada la actitud de Iliass”, dijo a la Agence France-Presse Francisco Fern√°ndez Caparr√≥s, de la APHDA.

“Esa situaci√≥n de estr√©s y violencia fue la que caus√≥ que √©l muriera”, a√Īadi√≥.

En Espa√Īa, otros dos j√≥venes murieron a causa de esta pr√°ctica en los √ļltimos a√Īos: uno en Madrid en 2011, y otro en el enclave de Melilla en 2018.

Acabar con estos métodos

El defensor del pueblo, Francisco Fern√°ndez Marug√°n, pidi√≥ al gobierno cambiar la ley “para acabar con estas pr√°cticas como medio de contenci√≥n”.

“No puede volver a morir nadie en Espa√Īa en estas circunstancias”, dijo.

La fiscal√≠a tambi√©n orden√≥ suspender “inmediatamente” estas pr√°cticas en los centros gestionados por la empresa Ginso.

Este protocolo “coloca al menor en una situaci√≥n de riesgo mayor que no est√° justificado”, dice la fiscal√≠a, que se√Īala como responsables a los gestores del centro y las autoridades regionales.

Contactado por la Agence France-Presse, el departamento regional de Justicia de Andalucía prefirió no comentar el escrito de la fiscalía.

“Es un caso delicado con un chico fallecido. Fue una desgracia y estamos esperando que la justicia lo resuelva”, indic√≥ una portavoz.

Maribel Mora, diputada de izquierdas en el parlamento andaluz, critica que el gobierno regional no abriera una investigación sobre la muerte ni revisara los protocolos de actuación que habían sido denunciados en 2016
por un comité de prevención de la tortura.

Desde entonces, “no ha pasado absolutamente nada”, dijo Mora.

De hecho, seg√ļn los datos oficiales, ese m√©todo de contenci√≥n ser√≠a utilizado todav√≠a en 360 ocasiones en los reformatorios andaluces en los dos a√Īos siguientes.

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