Las recientes elecciones intermedias en Estados Unidos abrieron la puerta a un cambio estructural en la elección presidencial. Según un análisis de la agencia Associated Press (AP), el control unificado alcanzado por el Partido Demócrata en seis estados clave ha revitalizado el movimiento para neutralizar el Colegio Electoral e implantar el voto popular directo nacional.
El eje de esta iniciativa es el Pacto Interestatal del Voto Popular Nacional. Mediante este acuerdo, los estados comprometidos otorgan todos sus electores presidenciales al candidato que gane el voto popular directo en todo el país. Según datos de AP, actualmente 18 estados y el Distrito de Columbia integran el pacto, sumando 222 votos electorales. La medida requiere 270 votos electorales —la mayoría necesaria para ganar la presidencia— para entrar en vigor.
El impulso al voto popular nacional cobró fuerza tras las elecciones de 2000 y 2016, en las que George W. Bush y Donald Trump ganaron el Colegio Electoral a pesar de haber perdido el voto popular frente a Al Gore y Hillary Clinton.
El mapa estatal y las posturas de los gobernadores
Los triunfos demócratas otorgaron el control del ejecutivo y legislativo en seis estados que representan 71 votos electorales: Arizona, Míchigan, Minnesota, Nevada, Pensilvania y Wisconsin. De ellos, Minnesota ya se había adherido formalmente en 2023. Para los promotores de la reforma, el nuevo escenario abre la posibilidad de sumar los 48 votos electorales que faltan.
Sin embargo, el informe de Associated Press advierte que el apoyo entre las autoridades demócratas no es unánime.
El nuevo gobernador de Wisconsin, David Crowley, afirmó que su estado puede “prescindir” del Colegio Electoral y se mostró abierto a debatirlo con la legislatura. Asimismo, el gobernador de Pensilvania, Josh Shapiro, reiteró su respaldo al voto popular nacional y adelantó que trabajará con los legisladores para definir el mecanismo adecuado.
En cambio, en Míchigan, la oficina de la gobernadora Jocelyn Benson evitó hacer comentarios. Por su parte, la gobernadora de Arizona, Katie Hobbs, y el equipo del gobernador electo de Nevada, Aaron Ford, señalaron que su prioridad absoluta es reducir el costo de vida de las familias trabajadoras.
En Nevada se recuerda que, en 2019, el entonces gobernador demócrata Steve Sisolak vetó una ley similar al considerar que el voto popular reduciría la influencia de los estados de menor población.
Si Pensilvania y Wisconsin aprobaran la adhesión, los promotores necesitarían incorporar a Míchigan y a uno de los dos estados del oeste (Arizona o Nevada) para alcanzar los 270 votos.
Oposición republicana y obstáculos constitucionales
La reacción republicana ha sido firme. Tyler August, líder republicano en la Asamblea de Wisconsin, sostuvo que la Constitución otorgó voz a los estados por una razón fundamental, advirtiendo que el pacto despoja de sus derechos a los votantes locales al permitir que los resultados de otras entidades impongan la elección.
En el mismo sentido, analistas del America First Policy Institute afirman que la medida desvirtúa la intención original de los Padres Fundadores.
A la oposición política se suman desafíos jurídicos. Expertos constitucionales consultados por AP, entre ellos el profesor Derek Muller de la Universidad de Notre Dame, señalan tres probables frentes de litigio ante una Corte Suprema conservadora:
1. Las diferencias entre estados en los requisitos de las papeletas y la presencia de terceros partidos podrían violar la decimocuarta enmienda.
2. Los estados pueden regular sus propias elecciones, pero no fijar normas que determinen los resultados en otras jurisdicciones.
3. La Corte Suprema podría resolver que un acuerdo de esta magnitud exige el consentimiento explícito del Congreso.
A pesar de la división partidista, defensores del proyecto destacan su dimensión transversal. Patrick Rosenstiel, estratega republicano en Minnesota y consultor del movimiento, explicó a AP que el sistema actual invisibiliza a los votantes de estados definidos y concentra las campañas en un puñado de estados disputados, conocidos también como swing states. Según Rosenstiel, el voto popular directo obligaría a los candidatos a buscar cada voto en todos los distritos de la nación.
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