La sharia rigorista, que incluye la pena de muerte para las relaciones homosexuales y el adulterio, es una apuesta del sultán de Brunéi para ganar el apoyo de los conservadores en este sultanato cada vez más alejado de Occidente, señalan los observadores.
Los duros castigos, que incluye también la posibilidad de amputar una mano o un pie a los ladrones, entrarán en vigor el miércoles cuando se implemente el nuevo código penal.
La decisión de avanzar con esas leyes provocó una ola de indignación mundial. La ONU denunció esas leyes como “crueles e inhumanas” y el actor estadounidense George Clooney lanzó un llamado a boicotear los hoteles del sultanato.
El sultán Hassanal Bolkiah intenta que su país sea el primero del sudeste asiático en introducir el código penal de la sharia a nivel nacional con el objetivo de fortalecer la imagen de apego al islam ante sus apoyos conservadores en un momento en que flaquea la economía, especulan los analistas.
Este antiguo protectorado británico de la isla de Borneo, de 400.000 habitantes, está en recesión desde hace unos años. La caída de los precios del petróleo y el declive de sus reservas afectaron la economía.
“Brunéi se está convirtiendo en la Arabia Saudita del sureste de Asia”, dijo a Agence France-Pressse, Bridget Welsh, analista de la universidad John Cabot de Roma.
“El régimen depende cada vez más de su legitimidad religiosa, recurriendo a una ideología islámica conservadora. La frágil economía de Brunéi así como la inquietud por una posible pérdida de apoyos enfatiza esta creciente dependencia a la religión”, agregó.
Giro hacia China
La implementación de los severos castigos que pueden ahuyentar las inversiones occidentales es también una señal del giro hacia las inversiones de China, un país que generalmente se abstiene de criticar a sus socios comerciales en lo que respecta a derechos humanos, señalan los analistas.
Como en otras partes de Asia, las empresas chinas invierten enormes sumas en esta monarquía absoluta, como parte del megaproyecto de infraestructura con el que Pekín busca extender su influencia económica y política.
Entre los proyectos se encuentra una multibillonaria inversión en una refinería, la mayor inversión extranjera en Brunéi, una represa y una autopista. El presidente chino Xi Jinping visitó el sultanato en noviembre, el primer viaje de un dirigente chino en 13 años.
Los analistas dicen que es difícil medir el nivel de apoyo público a la sharia en Brunéi, dado que la mayoría de los ciudadanos no critican en público al sultán.
Pero se cree que tiene un amplio apoyo entre los musulmanes malayos, que suman el 70% de la población.
“Estoy orgulloso porque implementar la ley hace sentir que refuerza la identidad islámica de Brunéi”, dijo a AFP Muhamad Antoni, de 27 años, operario del sector del petróleo.
Otros bruneanos se irritaron por los llamados al boicot de los nueve hoteles que posee Brunéi en Europa y Estados Unidos.
“No están en su lugar las personas célebres que llaman al boicot”, dijo Haziah Zainal, un funcionario de 36 años.
En las redes sociales se notó sin embargo algún malestar.
“Me inquieta mucho por la economía de Brunéi”, dijo un usuario en la plataforma Reddit, estimando que se traducirá por “menos negocios en el extranjero”.
‘En la práctica, abolicionista’
En realidad, no queda claro si el peor castigo, muerte por lapidación, será implementado.
Brunéi aplica la pena capital desde hace muchos años y todas las ejecuciones deben hacerse por ahorcamiento. Pero la última ejecución que se conozca fue en 1957, según Matthew Wolfe del grupo de derechos humanos The Brunéi Project.
Amnistía Internacional, que condenó el nuevo código penal, dijo que el país era “en la práctica abolicionista”.
Para que una persona sea condenada a morir por lapidación la acusación debe juntar muchas pruebas. Un acusado debe confesar o al menos cuatro testigos deben testificar en su contra.
El sultán ya se vio envuelto en otras polémicas, pero es poco probable que dé un paso al costado. La monarquía estuvo muy incómoda por las revelaciones de que el hermano del sultán, Jedri, habría malversado billones de dólares.
En un comunicado, el gobierno defendió su derecho a introducir el nuevo código penal sosteniendo que la sharia “aspira a educar, respetar y proteger los legítimos derechos de todos los individuos”.
