El expresidente colombiano Álvaro Uribe, jefe del partido gobernante, deberá ir a juicio por presunto soborno y manipulación de testigos, según resolvió este miércoles la justicia. Se trata de una decisión judicial que tendrá eco en la campaña para elegir en mayo al sucesor del presidente Iván Duque, quien llegó al poder de la mano de Uribe. El exmandatario todavía puede apelar ante un tribunal superior.
Álvaro Uribe había pedido que se archivara el caso en su contra, el cual se remonta a 2012. Ese año, el exmandatario presentó una denuncia contra el senador de oposición Iván Cepeda, a quien acusaba de haber formado parte de un supuesto complot con testigos falsos para vincularlo con grupos paramilitares de ultraderecha, responsables de violaciones de derechos humanos en la guerra clandestina contra los rebeldes izquierdistas.
Sin embargo, la Corte Suprema se abstuvo de enjuiciar a Cepeda y, en su lugar, comenzó a investigar al exgobernante en su calidad de parlamentario en 2018. Los magistrados concluyeron que Uribe trató de manipular testigos para desacreditar a su opositor. El tribunal fue más allá y en agosto de 2020 ordenó el arresto domiciliario del expresidente mientras avanzaba en su investigación.
Uribe, quien cuestionó entonces a la Corte Suprema por supuesto sesgo político, logró zafarse de esa jurisdicción al renunciar al escaño que ocupaba en el Senado desde 2014. Su expediente pasó entonces a un tribunal ordinario, que levantó la orden de reclusión que pesaba sobre Uribe.
Una decisión que impactará la campaña presidencial
Es en ese tribunal ordinario que la jueza Carmen Ortiz rechazó el pedido de la fiscalía para archivar el caso. “Resulta claro para el despacho que sí existe una hipótesis posible acerca de la materialidad del soborno en la actuación penal” de Uribe, dijo Ortiz en una audiencia en Bogotá.
La decisión todavía no está en firme y puede ser apelada por la defensa del expresidente, el político más influyente de este siglo en Colombia y protagonista de la campaña presidencial para las elecciones del 29 de mayo. Si finalmente un tribunal superior acoge el dictamen de la jueza, Uribe deberá ir a juicio y eventualmente podría ser condenado a prisión por los delitos que se le imputan.
Esta decisión judicial tendrá un evidente impacto en la campaña electoral que se desarrolla en estos momentos en Colombia, en previsión de las elecciones presidenciales del 29 de mayo. El presidente saliente, Iván Duque, llegó al poder de la mano de Uribe, pero está inhabilitado por ley para presentarse a su reelección.
El favorito de los sondeos es el exguerrillero de izquierda Gustavo Petro, férreo crítico de Uribe y el actual gobierno.
El nombre de Álvaro Uribe también está resonando estos últimos días en la esfera pública colombiana a causa de una reciente audiencia de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), donde varios exmilitares, incluído un general, han reconocido su responsabilidad en el asesinato a sangre fría de jóvenes, campesinos e indígenas, para convertirlos en los llamados “falsos positivos”. Según la JEP, durante el gobierno de Uribe, los militares ejecutaron a 6.402 civiles que presentaron como guerrilleros caídos en combate.
