El reportaje del New York Times, denominado como “Las órdenes de letalidad del ejército colombiano ponen en riesgo a los civiles, según oficiales”, ha desatado una tormenta política en Bogotá, debido a que denuncia que se ha mandatado a las tropas a duplicar las bajas en los conflictos con la guerrilla y el narcotráfico, una medida que causó la muerte de cientos de civiles.

El artículo fue reporteado y redactado por el periodista Nicholas Casey, quien denunció que el ejército colombiano estaba exigiendo a sus tropas “duplicar” las bajas y capturas en combate, sin pedirles “perfección” ni total “exactitud” al “ejecutar ataques letales”.

El texto recuerda a lo ocurrido a principios de siglo, con una táctica que pedía a los soldados cumplir una cuota de objetivos, lo que derivó en asesinatos generalizados, encubrimientos y muertes de civiles.

Además de los “falsos positivos”, procedimiento donde la población civil -principalmente campesinos- eran asesinados por militares y luego los hacían pasar por guerrilleros, incluso disfrazándolos.

De acuerdo al Times, el ejército colombiano ha vuelto a presionar a las tropas para aumentar sus “cuotas”, ofreciendo vacaciones extras y otros incentivos, similares a los de la década pasada, consigna New York Times.

“Un general ordenó a los comandantes ‘hacer lo que sea”’ para mejorar sus resultados, incluso si eso significaba ‘aliarse’ con grupos criminales armados para obtener información sobre objetivos, una estrategia de dividir y conquistar”, detalla el mencionado medio de comunicación.

Molestia en el gobierno de Colombia

La publicación del reportaje generó molestia en el gobierno de Iván Duque, que junto con negar las acusaciones y afirmó que administración rechaza cualquier tipo de violación a los Derechos Humanos, como fue el caso de los “falsos positivos”.

“Satanizar a la Fuerza Pública, ni decir que están bajo el mando de personas que deshonran el uniforme porque sus miembros tienen la labor de denunciar cualquier acto indebido que se cometa el interior”, expresó tras la revelación del reportaje.

Pero sus aliados también reaccionaron a la publicación, particularmente la senadora oficialista, María Fernanda Cabal, quien publicó fotos del corresponsal y escribió: “Este es el ‘periodista’ Nicholas Casey, que en 2016 estuvo de gira con [la guerrilla de] las FARC en la selva ¿Cuánto le habrán pagado por este reportaje? ¿Y por el de ahora, contra el ejército de Colombia?”.

El mensaje se viralizó y otros simpatizantes del partido derechista del presidente Duque se sumaron a las críticas.

Las acusaciones y amenazas contra Casey, lo obligaron a abandonar Colombia.

“He tomado la medida de mantenerme fuera del país por las acusaciones falsas que fueron lanzadas ayer en Twitter por María Fernanda Cabal y replicadas por varios políticos en las últimas 24 horas”, señaló Casey en un mensaje enviado a la prensa.

Este mismo periodista, había destacado por denunciar los vínculos entre el chavista y exvicepresidente de Venezuela, Tareck El Aissami, y el narcotráfico o el abuso de Cuba en la exportación de médicos. Incluso también tuvo que abandonar Venezuela.

Por su parte, el New York Times respondió en la misma red social: “Informamos de manera precisa e imparcial (…) En este caso, simplemente informamos de lo que dicen los documentos escritos por el ejército, así como información proveniente de los mismos oficiales colombianos”.

Por su parte, la Asociación de Prensa Internacional de Colombia señaló en un comunicado que la “estigmatización” de los periodistas “pone en peligro” su vida y pidió una “rectificación” a los implicados.

El director para las Américas de la ONG Human Rights Watch (HRW), José Miguel Vivanco, había dicho el sábado: “Estas prácticas sugieren que el actual Ejército y el Ministerio de Defensa no han aprendido nada de uno de los capítulos más oscuros de la historia de Colombia, el de los falsos positivos. Estos incentivos ponen en serio riesgo a la población civil”.

Colombia, principal productor mundial de cocaína, vive un conflicto armado que durante medio siglo ha enfrentado a guerrillas, paramilitares, agentes estatales y narcos, con un saldo de más de ocho millones de víctimas.