Un nuevo caso de corrupción o al menos de irregularidad afecta a la política argentina, luego que la semana pasada se revelara la existencia de más de 7 mil “aportes truchos” para las campañas de Cambiemos, el kirchnerismo y el massismo (una escisión del peronismo).
De acuerdo a un reportaje de Diario La Nación de Argentina, más de 7 mil personas aparecen como supuestos aportantes en las elecciones presidenciales de 2015 y las legislativas de 2017, pero que en realidad nunca dieron dinero a las campañas, sino que todo eran parte de un plan fraudulento de los principales partidos políticos de Argentina.
El esquema funcionaba de la siguiente manera, los partidos armaban nominas con los datos de miles de personas, incluyendo sus números de identidad y firmas, quienes aparecían como donantes para las campañas electorales. Pero en realidad el dinero provenía de empresarios, cuyas identidades aún no han sido difundidas.
El caso en un principio afectó sólo al gobernante Cambiemos, luego que el periódico online El Destape denunciara que los datos de miles de personas beneficiarias de programas sociales en la ciudad de Buenos Aires aparecieran como donantes de la campaña del partido oficialista en las legislativas de 2017.
“La alianza Cambiemos lavó dinero durante la contienda electoral de 2017 en provincia de Buenos Aires al utilizar a al menos 200 titulares de planes Ellas Hacen y Argentina Trabaja y hacerlos pasar como pequeños aportantes de campaña de Esteban Bullrich, candidato a senador, y Graciela Ocaña, candidata a diputada”, señala el reportaje.
Las personas que figuran en este a caso, reconocieron al mencionado medio que nunca donaron dinero a las campañas.
Aunque el primer caso apuntó directamente a la Ciudad de Buenos Aires, el reportaje del domingo de La Nación demostró que las campañas del kirchnerismo y del massismo (vinculados a Sergio Massa) también contaron con los denominados “aportantes truchos”.
En el caso del kirchnerismo, se apuntó a la candidatura presidencial de 2015 de Daniel Scioli, quien contó -nominalmente- con 4248 personas que admitieron como propios aportes de entre 10 mil a 60 mil pesos argentinos. La mayoría eran empleados públicos de los estratos económicos más bajos y que negaron ante la justicia haber aportado a la campaña.
En el caso de Sergio Massa, la mayoría de los aportes provenían de trabajadores públicos del partido (comuna) de Tigre, donde el mencionado ejerció como máxima autoridad local entre 2009 a 2013 y posteriormente como diputado.
Al menos tres fiscales han iniciado investigaciones por este caso. El primero fue el fiscal electoral, Jorge Di Lello, por presunto lavado de dinero. El segundo el magistrado Sebastian Casanello y el tercero el fiscal de La Plata, Ernesto Kreplak.
El hecho generó un pequeño sismo político en Argentina, obligando al presidente Mauricio Macri a anunciar un proyecto de ley para bancarizar todas las donaciones políticas, con el fin de evitar la posibilidad de la aparición de más “aportes truchos”.
