A través de una carta abierta, las víctimas del guionista Herval Abreu reaccionaron a la decisión del Ministerio Público de no perseverar en la investigación judicial a raíz de las denuncias por abuso y acoso sexual en su contra, así cómo al sobreseimiento en cuatro de las cinco denuncias.
“Nuestra única intención al denunciar a una persona tan conocida y poderosa como Herval Abreu, fue la de visibilizar una situación que nos afecta no solo a nosotras, sino a muchas mujeres en ambientes laborales, artísticos, familiares o académicos”, se lee al comienzo de la misiva.
“Poner sobre la mesa este tipo de actuar nos permite hacernos conscientes de conductas nocivas que se han normalizado en el transcurso del tiempo y que sólo vulneran nuestra dignidad”, apunta el texto, que firman Carolina Contreras, Antonella Orsini, Carola Paz, Fedra Vergara, Bárbara Zemelman y Andrea Zuckermann.
“La primera consecuencia que trajo nuestra denuncia fue un intento por silenciar nuestros relatos; se nos acusó de llevar a cabo una ‘cacería de brujas’ para denostar públicamente a Herval Abreu; e incluso, se filtraron nuestras declaraciones más privadas, lo que logró amedrentar a otras víctimas que, por ello, prefirieron callar”, apuntan.
En el texto se refieren a las presiones que recibió la revista Sábado para no publicar el reportaje que destapó el caso, el cual dio pie para que nuevas denunciantes decidieran testificar.
“Al denunciar sabíamos que podríamos enfrentarnos a vacíos legales, por esta razón, creemos que la decisión del Ministerio Público es, sin duda, una victoria para nosotras. Se logró acreditar que los hechos ocurrieron, se demostró también que nuestros testimonios eran ciertos y que constituían un reflejo de prácticas habituales y legitimadas en nuestro medio y en tantos otros”, asumen.
“Que se reconozca que los hechos acontecieron, pero que no son constitutivos de delito, sólo deja entrever que, lamentablemente, nuestra estructura legal no da cuenta de los consensos que hemos alcanzado como sociedad”, se lee en el texto que hizo público la Fundación Para la Confianza.
“La ley penal chilena considera que, pese a que no haya consentimiento, no hay violación ni abuso si no hay utilización de fuerza física u otra causal establecida en la ley. Por tanto, el problema aquí no es que falten antecedentes, sino que los hechos son atípicos, lo que no hace más que evidenciar las deficientes políticas criminales que inspiran nuestra legislación”, puntualiza el texto, que aboga por un cambio en el marco legal que investigue este tipo de causas.
“Creemos que aún hay cosas que hacer: urge promover un cambio cultural de protección y educación en materias de género, y reforzar los sistemas de prevención de abuso en ambientes especialmente jerárquicos. Por último, es necesaria la revisión de las políticas criminales actuales respecto de los delitos sexuales ya que, si no se prohíben y sancionan estas conductas, los consensos que hemos logrado como sociedad frente a la prevención de abusos, se convierten en meros acuerdos de palabra”, finaliza el texto.
