El allanamiento corresponde a las propiedades de Combs en Miami y Los Ángeles. El artista enfrenta acusaciones de violación, las que ha negado.
Agentes de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI) realizaron este lunes allanamientos en mansiones en Los Ángeles y Miami relacionadas con el magnate del rap Sean ‘Diddy’ Combs y su productora, como parte de una investigación federal sobre tráfico de personas, según informaron medios estadounidenses.
Una de las propiedades allanadas se encuentra en Holmby Hills, un barrio lujoso de Los Ángeles conocido por albergar a celebridades y que anteriormente fue la ubicación de la Mansión Playboy. Esta residencia está asociada con la productora Bad Boy Films de Combs, según reportó el canal ABC.
El HSI de Nueva York confirmó en un comunicado al canal de televisión que sus agentes llevaron a cabo “acciones policiales como parte de una investigación en curso” contra el cantante de ‘I’ll Be Missing You’, consignó EFE.
Además, la casa de Diddy en Star Island, una isla artificial de Miami Beach, también fue allanada en el marco de esta investigación.
Estos allanamientos forman parte de una investigación federal sobre trata de personas contra el rapero iniciada en Nueva York, según fuentes federales citadas por ABC.
En 2023, Combs enfrentó cuatro demandas por supuesta violación, la última de las cuales fue presentada el 6 de diciembre, alegando que el rapero drogó y agredió sexualmente a una menor de edad en su estudio de Nueva York.
Una de las demandas fue presentada por Casandra Ventura, conocida como Cassie, cantante de R&B y exnovia de Combs, quien lo acusó de violación y agresión durante una década. Ambos llegaron a un acuerdo monetario poco después de que se presentara la demanda.
Combs ha negado las acusaciones en su contra y afirmó en una publicación de Instagram en diciembre pasado que las demandantes intentaban difamarlo y destruir su reputación y legado.
Varias de las demandas contra el cantante se realizaron bajo la Ley de Víctimas de Violencia de Género de Nueva York, que permite a los sobrevivientes de la violencia de género presentar demandas civiles contra sus agresores, incluso después de que haya expirado el plazo de prescripción.
