A la colombiana se le acusa de haber urdido un plan con el cual, siendo residente de España, buscó esconder su renta y así no tributar como correspondía. Aunque pagó todo lo que le pedían, más intereses, la Fiscalía aún pide cárcel para Shakira, ocho años; y otros €23,8 millones en multa ($22.810 millones).

Por seis delitos contra el Fisco de España, Shakira tendrá que enfrentar un juicio oral por lo que el Ministerio Público hispano pide un total de ocho años y dos meses de presidio, más una multa que asciende a €23,8 millones ($22.810 millones).

El juicio oral se realizará en la Audiencia de Barcelona, según visó un juez este martes, ya que la artista ha sido acusada de defraudar €14,5 millones entre años 2012 y 2014, haciendo como que no vivía en España.

Shakira ya pagó la cantidad que la Agencia Tributaria de España le exigía – más otros €3 millones de euros en intereses – lo que no impide que tenga que sentarse en el banquillo.

En mayo, la Audiencia de Barcelona avaló la decisión del juez de enviar a la cantante a juicio ante los indicios que residía en España “de manera habitual” entre 2012 y 2014.

Primero lo hizo en la capital catalana y después en una vivienda de la cercana localidad de Esplugues de Llobregat que compró con su expareja, el futbolista del FC Barcelona Gerard Piqué, a través de una sociedad.

Según el Ministerio Público, esa vivienda constituyó el domicilio familiar de la artista, cuyas estancias fuera de España durante ese tiempo lo fueron por “motivos profesionales, con una duración muy corta”, a excepción de la temporada en que participó en el programa estadounidense The Voice (61 días en 2012, 118 en 2013 y 117 en 2014).

Finalmente la acusación contra la colombiana se presentó el viernes 29 de julio.

El plan de Shakira para evitar tributar, según la Fiscalía

La acusación mantiene que, al haber residido en España más de 183 días al año, Shakira “era residente fiscal en España y tenía la obligación de tributar por la totalidad de su renta mundial”, tanto respecto al IRPF (Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas) como al impuesto del patrimonio.

Para evitar hacerlo, según la Fiscalía, Shakira “utilizó un entramado societario”, con sede en las Islas Vírgenes Británicas, Islas Caimán, Malta, Panamá y Luxemburgo, con el fin de ocultar su renta y su patrimonio.

La Fiscalía sostiene que el “plan” de la cantante consistía en que sus empresas figurasen formalmente como titulares de las rentas, mientras que ella solo constaba “en último lugar y algunas sociedades radicadas en paraísos fiscales” a las que fueron a parar la mayor parte de sus ingresos.

Asimismo, asesorada por varios profesionales, en 2008, 2012 y 2013 la cantante llegó a acuerdos con las autoridades fiscales de Luxemburgo, los denominados Tax Ruling, “para fijar unas condiciones específicas y privilegiadas de tributación” en estos años, acusó el Ministerio Público español.

Esos acuerdos, según la Fiscalía, dieron pie a una “mínima tributación fiscal”, de tan solo el 2% de la renta bruta generada, permitiendo transferir a sociedades o cuentas de la cantante el grueso de sus ingresos.

Los últimos acuerdos Tax Ruling los suscribió cuando ya vivía de manera habitual en España, pero “en ningún momento puso en conocimiento de las autoridades tributarias españolas dichos acuerdos”, aseguró el Ministerio Público.

El equipo legal de la cantante ha mantenido varias conversaciones con las acusaciones para alcanzar un pacto, pero Shakira rechazó las ofertas.