Lo que comenzó como un proyecto que buscaba integrar un nuevo modelo comunal digital para la atención médica, terminó con una denuncia por fraude al fisco presentada por la Corporación de Educación y Salud de Las Condes, en la que involucran al exministro de Salud Emilio Santelices Cuevas y al empresario José Miguel Barraza Lantz.
El escrito fue presentado ante la Fiscalía Regional Metropolitana Oriente, y derivó en la apertura de una causa penal hoy llevada por el fiscal Felipe Sepúlveda Araya, en la que se acusa que la relación contractual que se extendió varios años y que significó el desembolso de más de $3.287 millones, habría financiado el diseño, implementación y posterior explotación comercial de un negocio privado asociado a Santelices y Barraza.
En específico, la tesis de la Corporación es que esta habría financiado con su patrimonio la creación de un modelo denominado “Hospital Digital Comunal” o “Salud 5i”, para luego quedar obligada a contratar a una empresa privada vinculada a quienes participaron en el mismo diseño del proyecto.
De tal manera, los recursos no habrían sido destinados para el desarrollo exclusivo de una herramienta para los vecinos de Las Condes, sino que una plataforma privada que posteriormente habría ofrecido sus servicios en distintas comunas de la Región Metropolitana, encontrándose activa hasta el día de hoy.
La denuncia cuestiona pagos por más de $3.439 millones relacionados con el proyecto de salud digital: $152 millones pagados para desarrollar el modelo y $3.287 millones a para su operación. Según la acción, los primeros pagos habrían servido para financiar con recursos públicos el diseño de un negocio privado, mientras que respecto de los restantes solicita investigar si los contratos, servicios y pagos se ajustaron a derecho, esperando que la investigación determine si existió un perjuicio al patrimonio público.
Sin embargo, los acusados niegan que en realidad esto haya sido así. Defienden que el proyecto fue beneficioso para que vecinos de Las Condes accediesen a descuentos en salud, y argumentan que la comuna sí tuvo un servicio con características particulares y exclusivas, a diferencia de lo implementado en otras comunas.
Asimismo, afirman haber entregado archivadores y discos duros llenos de información que darían cuenta de la efectividad del programa, el conocimiento de todos los involucrados y la regularidad de los contratos.
Conocedores del proyecto respaldaron el servicio prestado y comentaron a Radio Bío Bío sus sospechas sobre que la denuncia podría no tener respaldo real sino que un fin político, con el objetivo de desacreditar administraciones anteriores.
Nicolás Allamand Aldunate, defensor de Ricardo Gutiérrez –quien dirigía la Corporación en aquella época– también negó que haya existido alguna irregularidad en los contratos, indicando tener evidencia de que el servicio se prestó con beneficio a la comunidad de Las Condes y siguió los lineamientos de un pacto de este tipo.
“Hay más de 6 programas en colaboración público-privado que buscan dar más y mejor acceso a la salud de los vecinos. Solo este programa atendió a más de medio millón de vecinos en 5 años, con menores costos para los vecinos de Las Condes. Resulta inentendible no sólo que la Municipalidad lo desconozca, sino que lo haya terminado abruptamente en directo perjuicio de sus propios vecinos”, afirmó.
Por su parte, desde la defensa de Barraza y Santelices –liderada por el abogado Sergio Contreras– prefirieron no emitir declaraciones por el momento al encontrarse diligencias aún pendientes, pero afirmaron que se encuentran a total disposición y colaborando con la Fiscalía.
El detalle a continuación.
El origen de la denuncia
El inicio de la trama se encuentra, de acuerdo a la denuncia, en la relación profesional que mantuvieron Emilio Santelices y José Miguel Barraza en el Ministerio de Salud. Santelices se desempeñó como ministro durante el segundo gobierno del expresidente Sebastián Piñera Echeñique, mientras Barraza participó en la misma época en el proyecto conocido como Hospital Digital. Aquella experiencia, luego de que Santelices dejara el Ministerio de Salud en junio de 2019, se habría trasladado al ámbito privado.
Pocos meses después de la salida de Santelices del Gobierno, la Corporación de Educación y Salud de Las Condes comenzó a contratar servicios destinados a crear su propio modelo de atención médica digital. La primera empresa seleccionada fue Proyección S.A., vinculada a José Miguel Barraza.
Los contratos
El 2 de septiembre de 2019, la Corporación –representada en ese entonces por su secretario Ricardo Gutiérrez, también imputado en la denuncia– celebró un contrato con Proyección S.A. El servicio tenía como finalidad prestar asesoría técnica para evaluar el diseño y la viabilidad de un nuevo modelo de atención de salud digital para la comuna, y así ayudar a descongestionar los CESFAM de la comuna.
Por este trabajo, la Corporación comprometió el pago de 1.500 UF, divididas en cuatro cuotas correspondientes a los meses entre septiembre y diciembre. La negociación, firma, supervisión y autorización de pagos habrían quedado concentradas en Gutiérrez.
De acuerdo a la denuncia, mientras Proyección desarrollaba la asesoría, en los documentos e informes comenzó a aparecer el concepto de “Salud 5i”, para identificar el modelo de salud digital que se estaba diseñando.
La Corporación sostiene que Salud 5i no era simplemente un nombre interno escogido para un proyecto comunal, sino que una identidad comercial de un negocio privado que Barraza y Santelices estaban preparando paralelamente. En resumen, que se estarían amarrando contratos futuros al inicial.
En diciembre de 2019, mientras todavía se encontraba vigente la relación contractual con Proyección, se constituyó la sociedad Salud Digital SB S.A. Entre sus propietarios, se encontraban Proyección S.A. (asociada a Barraza) y Médica San Gabriel Limitada (ligada a Santelices e integrantes de su entorno familiar).
En febrero de 2020, la Corporación suscribió un segundo contrato con Proyección, esta vez para la implementación del hospital digital comunal. El contrato fijó un pago mensual de 425 UF durante nueve meses, recibiendo la empresa un total de 3.825 UF por esta segunda etapa.
El escrito cuestiona el cumplimiento documental de este segundo acuerdo. De acuerdo a la denuncia, pese a que su duración fue de nueve meses, en los archivos institucionales solo se habrían encontrado siete informes de avance.
Sin embargo, desde la defensa de Ricardo Gutiérrez insistieron en la falsedad de las acusaciones, y afirmaron haber entregado a la Fiscalía los nueve informes además de evidencia extra sobre el funcionamiento del programa.
La tesis del contrato amarrado
Una de las principales tesis de la denuncia es que el primer contrato –que evaluaba el proyecto– traía en sí una seguidilla de contratos que, según el escrito, habrían obligado a Las Condes a seguir pactando con la empresa.
Uno de los argumentos utilizados en la denuncia para explicar este fin es que el segundo contrato con Proyección ya anticipaba que la operación del modelo sería entregada a una empresa denominada Salud 5i.
La tesis de los denunciantes es que la Corporación pagó la creación del modelo, permitió que Proyección participara en su instalación y posteriormente contrató a una empresa vinculada a las mismas personas que se beneficiaron de la etapa de diseño.
Otro de los antecedentes presentados es la fecha del registro de la marca Salud 5i, el 19 de noviembre de 2021, casi dos años después de que el concepto ya apareciera en los documentos de los contratos de la Corporación. Esta diferencia de fechas es utilizada por los denunciantes para reforzar su tesis de que la marca habría sido desarrollada en el contexto de contratos pagados por la Corporación para posteriormente quedar en manos de una estructura empresarial privada.
La empresa ha prestado servicios en alrededor de 20 comunas de la Región Metropolitana, como en La Florida, La Reina, Ñuñoa, Colina, Providencia, Puente Alto y Lampa, siendo, de acuerdo a la denuncia, un diseño financiado por Las Condes pero replicado y ofrecido a otros municipios o instituciones.
Al ingresar a la página web de Salud 5i, se pueden ver 39 instituciones con las que se mantienen convenios o se ofrecen servicios. Por falta de actualización, aún está visible el portal asociado a la comuna de Las Condes, a pesar de que el servicio fue terminado por la actual administración.
Sin embargo, desde la defensa de Gutiérrez volvieron a negar que esto fuese irregular, afirmando que el servicio otorgado a Las Condes cuenta con diferencias y particularidades comparadas con las entregadas a otras comunas, por ejemplo, una plataforma exclusiva vinculada a la Tarjeta Las Condes.
Asimismo, afirmaron que la comuna cuenta con variados programas de salud en colaboración con el ámbito privado tal como este, por la necesidad de externalizar este tipo de servicios, y que la forma de actuar no sería distinta ni anómala.
Salud al margen
Uno de los puntos principales de la denuncia indica que la doctora Edna Pizarro Castillo, entonces directora de Salud de la Corporación, no habría aprobado las contrataciones ni participado de manera efectiva en la toma de decisiones.
Este punto es utilizado para cuestionar que las decisiones fueran adoptadas por funcionarios del área administrativa y por el secretario general sin una validación técnica suficiente, dando cuenta de que los contratos se habrían visto por una vía oculta. Lo mismo habría sido declarado por Pizarro en la causa.
Sin embargo, la documentación entregada por la defensa de los acusados daría cuenta que esto no sería así, y que el departamento de salud de la Corporación habría estado completamente al tanto de todas las etapas de los contratos, siendo posible ver esto en correos electrónicos de los involucrados. Asimismo, la plataforma fue difundida en redes sociales y campañas de la Corporación, siendo difícilmente un sistema oculto.
Otros cuestionamientos
La denuncia también plantea otras presuntas irregularidades que supuestamente se habrían cometido con Salud 5i, además del esquema denunciado.
Entre ellos, se encuentra un contrato que se realizó en junio de 2020, durante la pandemia del Covid-19, en el que la empresa debía evaluar y calificar a pacientes sospechosos de contagio, coordinando las tomas de muestras, derivando a laboratorios y comunicando los resultados.
Respecto a este contrato, se acusa que se haya modificado el objeto de las prestaciones, pagando luego servicios de enfermería domiciliaria sin estipularse inicialmente en el contrato.
También se cuestiona que se haya realizado un servicio de seguimiento a pacientes crónicos pagando $1.342 millones, sin aparente contrato específico que le diese sustento.
Por el momento, la Fiscalía le ha tomado declaración a funcionarios de la Corporación y a los imputados, recibiendo también una amplia cantidad de antecedentes entregados por las defensas de los mismos.
Siguiendo la orden de investigar, la PDI ya reunió abundante evidencia documental, declaraciones y antecedentes registrales, y emitió un informe hoy disponible en la carpeta investigativa, que fue remitido al Ministerio Público, en el que sin embargo no se emiten conclusiones sobre la existencia de ilícitos, cuestión que deberá resolver la investigación.
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