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Durante décadas, la política exterior china se estructuró sobre una defensa férrea de la soberanía territorial clásica. Taiwán, el mar de China Meridional, Hong Kong y el Tíbet son expresiones de una misma aspiración: preservar la integridad del Estado.
Sin embargo, esa visión evolucionó al punto de que su poder estatal ya no se entiende circunscrito al control de geografías delimitadas por fronteras físicas. China ha comenzado a disputar el dominio de otros espacios: las profundidades oceánicas, las regiones polares, el espacio exterior, el subsuelo y el ciberespacio.
Esta concepción volumétrica del poder supone que la competencia geopolítica no se restringe a controlar territorios, sino a influir en espacios donde se concentran recursos estratégicos y, sobre todo, se fijan reglas que organizarán la actividad humana en el futuro.
China avanza precisamente en esa dirección. Su política exterior se proyecta sobre espacios que considera esenciales o relevantes para sus intereses. La seguridad nacional trasciende sus fronteras y alcanza ámbitos donde se juegan el crecimiento económico, la innovación tecnológica y la capacidad de esa potencia para participar en la gobernanza internacional.
No es por azar que hace más de una década China haya incorporado a su doctrina estratégica los conceptos de “nuevas fronteras”, “nuevos dominios” e “intereses de desarrollo”. La razón es simple: influir en su gobernanza y en la elaboración de las normas que regularán su utilización. Su presencia creciente en el Ártico, pese a no ser un Estado ribereño, refleja con claridad esa estrategia.
En esa perspectiva debe entenderse la ratificación china del Tratado de Alta Mar (BBNJ), concebido para proteger la biodiversidad más allá de las jurisdicciones nacionales, y su intención de albergar su Secretaría en la ciudad de Xiamen, en la costa frente a Taiwán.
El Tratado de Alta Mar regula cerca de dos tercios de los océanos del planeta. Además de mecanismos de protección ambiental, crea procedimientos para gestionar recursos genéticos marinos, realizar evaluaciones de impacto ambiental y establecer futuras áreas marinas protegidas.
Para una potencia que piensa en términos volumétricos, el océano profundo no representa únicamente un ecosistema, sino un espacio donde convergen minerales críticos, biodiversidad, rutas marítimas, investigación científica y tecnologías estratégicas. Gobernar esos espacios o densificar normativamente los mismos, significa participar en la definición de las reglas que ordenarán su utilización durante las próximas décadas.
Desde esa perspectiva, la candidatura china a la Secretaría del Tratado de Alta Mar adquiere una dimensión distinta y no descansa en razones menores o domésticas. Hospedar la Secretaría significa situarse en el centro institucional desde donde circularán expertos, información científica y procesos regulatorios que influirán en la gobernanza futura de la alta mar y sus profundidades. Para Beijing, ocupar ese espacio equivale a participar directamente en la arquitectura normativa de uno de los principales bienes comunes globales.
La paradoja china es reveladora. Defiende con firmeza la soberanía dentro de sus fronteras, pero, simultáneamente, despliega una estrategia destinada a incrementar su influencia más allá de ellas mediante infraestructura, ciencia, tecnología y presencia en organismos internacionales. No necesita anexar territorios para ampliar su poder; le basta con ocupar las instituciones desde las cuales se definirán las reglas del futuro.
A primera vista, el BBNJ parece un acuerdo estrictamente ambiental, y así puede haberlo interpretado nuestra Cancillería en el anterior gobierno; pero lo interesante es que es justamente en este punto donde asoman las diferencias entre Chile y China.
Mientras China busca ampliar su influencia en la gobernanza de espacios situados lejos de su alcance —por ejemplo, la corriente circumpolar antártica—, Chile sí ejerce una pretensión política sobre dichas aguas. La afectación (directa o indirecta) de esta pretensión debió ser evaluada por nuestra política exterior, atendido el impacto de la nueva institucionalidad del Tratado de Alta Mar en los territorios marítimos emergentes, tales como el Océano Austral.
Este concentra no solo una biodiversidad única, sino que reposa sobre un multilateralismo amenazado por un nuevo orden que no reconoce los equilibrios imperantes. Sin embargo, no sabemos si este debate existió internamente o se intentó salvar mediante una declaración de dudoso valor jurídico al ratificar Chile el Tratado de Alta Mar.
Argentina ofrece un contraste interesante. Su Congreso pareciera estar postergando la ratificación del Tratado, no solo por sus implicancias en la posición de ese país sobre las Islas Malvinas, sino, tal vez, por sus efectos en su propia proyección soberana antártica. Recordemos que el tratado no reconoce reclamaciones soberanas sobre las aguas antárticas, lo que abre interrogantes en el contexto de los cambios geopolíticos señalados.
El Tratado de Alta Mar es, sin duda, un instrumento ambiental, pero también constituye una nueva arquitectura institucional sobre casi dos tercios de los océanos del planeta. China comprendió tempranamente esa dimensión estratégica y actuó en consecuencia.
La geografía del poder ya no se juega únicamente sobre la superficie terrestre. Se disputa en las profundidades oceánicas, en las regiones polares, en el espacio exterior y, cada vez más, en las instituciones que gobernarán esos espacios. Las grandes potencias parecen haber comprendido que la competencia del siglo XXI consiste tanto en controlar recursos como en escribir las reglas que los administrarán. El desafío para nuestra política exterior es integrar de una vez al territorio como variable geopolítica y, así como lo hacen países de nuestro entorno, convertir la geografía en un instrumento de competencia estratégica.
