“Prescindir de esto es un grave error”, estas fueron las palabras con las que Mariano Montenegro Corona –psiquiatra y ex director del Servicio Nacional para la Prevención y Rehabilitación del Consumo de Drogas y Alcohol (SENDA)– se refirió a la decisión del organismo para terminar el programa que buscaba fortalecer la calidad de los tratamientos de alcohol y drogas a través de asesorías.
Ese fue el objetivo con el que se abrió la licitación en 2025, ante la necesidad de contar con apoyo externo altamente especializado y así fortalecer el funcionamiento de la red de programas a nivel nacional y, por ende, mejorar la calidad de los tratamientos y los resultados de los pacientes, con 350 nuevos médicos distribuidos a lo largo de Chile para cumplir con este fin.
Sin embargo, sin previo aviso, el mes pasado los siete proveedores que habían ganado la licitación fueron informados de un término en sus contratos, a raíz de una disminución de presupuesto proveniente de Hacienda.
A raíz de ello, tres proveedores –incluyendo al ex Director– acudieron ante el Tribunal de Contratación Pública (TCP) para demandar a SENDA acusando que el término de los contratos ya adjudicados y en funcionamiento habrían sido ilícito. Asimismo, advirtieron de un perjuicio directo al sistema de tratamiento y a los más de 26.000 pacientes que se atienden anualmente en el Servicio para rehabilitarse en el consumo de alcohol y/o drogas.
Atendida a la gravedad de los hechos reclamados y los antecedentes presentados, en la instancia el TCP suspendió momentáneamente la resolución que terminó con los contratos permitiendo que, tras una semana de pausa, las funciones volvieran a retomarse.
Sin embargo esta es una suspensión provisoria, y solo congela temporalmente sus efectos mientras el Tribunal reúne antecedentes y escucha a ambas partes.
Consultados por Radio Bío Bío, desde SENDA rechazaron emitir comentarios por el momento, al encontrarse un proceso judicial en curso.
El contrato y su término
A principios de este año se aprobó el contrato a siete proveedores distintos, que entre otras cosas, capacitarían a los funcionarios, actualizando los conocimientos de la medicina de la adicción . Además, se encargarían de elaborar documentos técnicos basados en evidencia para ser utilizados por los equipos de tratamiento, en temáticas como: población en situación de calle, droga y delito, intervención familiar, mujeres privadas de libertad, etc.
Sin embargo, perplejos quedaron los proveedores a mediados de junio cuando recibieron una resolución que ponía término anticipado a sus contratos, invocando la causal de caso fortuito o fuerza mayor debido a la reducción presupuestaria. Sobre todo porque, según comentó Montenegro en conversación con Radio Bío Bío, desde que se había iniciado el trabajo en enero, la recepción por parte de los funcionarios había sido muy positiva, recibiendo buenos comentarios de parte de los equipos que se encontraban beneficiándose de las capacitaciones.
La decisión se habría enmarcado en una reducción de alrededor de un 3% del presupuesto institucional ordenada por el Ministerio de Hacienda, planteándose la eliminación del programa como una alternativa para reducir costos.. Agregaron que se llevaría a cabo una reorganización interna de las funciones para explorar la posibilidad de que las labores que realizaban los contratistas externos fueran asumidas por funcionarios del propio SENDA.
Sin embargo, una minuta elaborada el pasado 30 de abril por el Área de Tratamiento de SENDA en que se analizó el impacto de la reducción presupuestaria contradice esta alternativa. De acuerdo a los funcionarios, el área cuenta con profesionales con experiencia pero que debido a sus funciones no podrían dedicarse de forma exclusiva a realizar tal trabajo, y advirtieron que no existía la capacidad suficiente para absorber las funciones. La terminación anticipada del contrato dejaría sin cobertura áreas estratégicas para el funcionamiento del sistema de tratamiento.
En el mismo documento, el Área de Tratamiento afirmaba que los contratistas se encontraban cumpliendo adecuadamente sus funciones y que las actividades e informes habían sido entregados conforme al contrato.
Demanda ante el TCP
Ante la situación, tres de los proveedores decidieron contratar abogados y acudir ante el Tribunal de Contratación Pública, ingresando cada uno una demanda contra SENDA.
En los escritos los demandantes sostuvieron que el Servicio habría puesto término anticipado a sus contratos de forma ilegal y arbitraria, tanto en su forma como en sus fundamentos.
En primer lugar, argumentaron que no se habría respetado el procedimiento establecido en las propias bases de la licitación, ya que SENDA no les habría notificado previamente las razones del término ni dado la oportunidad de presentar sus descargos antes de dictar la resolución.
Asimismo, alegaron que la causal invocada por SENDA –de caso fortuito o fuerza mayor– no se habría configurado, y que el término habría respondido a una decisión de reorganización administrativa y no a una circunstancia inevitable. También cuestionaron que no se haya acreditado el ahorro económico a través de estudios o antecedentes financieros.
Montenegro también puso énfasis en la preocupación de que se haya intentado terminar con un contrato licitado: “Incumplir un contrato de compras públicas rompe la fe pública y eso genera una incertidumbre gigantesca (…), genera una enorme desconfianza”.
Finalmente, alegaron perjuicios contra los contratistas por haber perdido los contratos vigentes hasta 2027 pese a haber cumplido con sus obligaciones, teniendo en cuenta además que hubo proyectos que dejaron de hacer o rechazaron para tomar este.
Agregaron, que el perjuicio no sería solo contra ellos, sino que también al interés público, ya que el término de los contratos debilitaría las funciones estratégicas para la red de tratamiento.
De acuerdo a Montenegro, el fin del programa “altera mucho a los técnicos que están trabajando, porque los deja con menos herramientas actualizadas, y por supuesto, el desempeño en los pacientes y sus familias también baja”.
El 7 de julio, el Tribunal de Contratación Pública admitió a tramitación la demanda presentada y ordenó a SENDA informar, en un plazo de diez días hábiles, los antecedentes que justificaron el término anticipado de su contrato.
Junto con ello, acogió una medida cautelar solicitada por los demandantes y suspendió por 15 días hábiles los efectos de la resolución que puso fin al convenio, obligando al Servicio a dejar temporalmente sin efecto esa decisión mientras se analizaban los antecedentes.
Para adoptar la medida, el tribunal sostuvo que la demanda aportaba antecedentes que constituían una “presunción grave del derecho que se reclama y de los hechos reclamados”, por lo que estimó necesario evitar que el acto continuara produciendo efectos durante la tramitación de la causa. La resolución, sin embargo, no implica un pronunciamiento sobre el fondo del litigio, sino una medida provisoria mientras el proceso judicial continúa.
Respuestas de SENDA
Consultados por Radio Bío Bío sobre la controversia, desde el Servicio –hoy liderado por Eduardo Barros Ronda– informaron lo siguiente:
“Respecto de los antecedentes relacionados con la contratación de servicios personales especializados y las decisiones administrativas adoptadas en el marco de dichos procedimientos, éstos se encuentran regulados por la Ley N° 19.886, de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestación de Servicios, su reglamento y las respectivas bases de licitación. En ese contexto, los actos administrativos dictados durante el desarrollo del procedimiento de contratación, así como aquellos que inciden en su ejecución, constituyen actuaciones públicas y se encuentran disponibles para su consulta a través del Sistema de Información de Compras y Contratación Pública, en el portal www.mercadopublico.cl, correspondiente a la licitación respectiva.
Por otra parte, en relación con la demanda deducida ante el Tribunal de Contratación Pública, informamos que ésta corresponde a un proceso judicial actualmente en tramitación. En atención a ello, y por respeto al conocimiento de la causa por el tribunal competente, SENDA no emitirá declaraciones sobre el fondo de las materias sometidas a dicha sede jurisdiccional, sin perjuicio de ejercer oportunamente las actuaciones y defensas que correspondan dentro del respectivo procedimiento judicial”.
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