Squella reconoce "error político" en reforma de seguridad: estado de excepción "generaría problemas"

El gobierno de José Antonio Kast enfrenta una de sus semanas más complejas. El Tribunal Constitucional rechazó por 9 votos contra 1 un requerimiento del Ejecutivo relacionado con la Ley de Reconstrucción, evidenciando problemas de coordinación al interior del gabinete. El Ministro del Interior, Claudio Alvarado, reconoció públicamente que desconocía la presentación del recurso, lo que dejó en evidencia tensiones internas y la falta de comunicación entre ministros clave como Jorge Quiroz y el propio Alvarado.

Pero el foco principal de la controversia está en la reforma constitucional sobre seguridad pública, un proyecto que fue presentado sin consulta previa a ministros de Estado, dirigentes de partidos oficialistas o parlamentarios de gobierno. El texto original contemplaba facultades presidenciales para declarar estados de excepción por 240 días sin control parlamentario y restricciones a derechos fundamentales que generaron críticas transversales. En esta entrevista con Tomás Mosciatti, el senador Arturo Squella, presidente del Partido Republicano, defiende el fondo de la iniciativa y reconoce los errores de forma que deberán corregirse en la tramitación legislativa.

—El Tribunal Constitucional rechazó 9 a 1 el requerimiento del gobierno sobre la Ley de Reconstrucción. ¿Cómo evalúa esta derrota?

No conocemos el contenido completo del fallo, pero si la razón por la cual se presentó este requerimiento tenía que ver con las ideas matrices, probablemente lo de la idea matriz pasó a segundo plano dado que la reforma tenía una amplitud muy relevante. Es probable que esa sea la lectura del 9 a 1.

—El jefe de gabinete, Claudio Alvarado, reconoció que no sabía que se había presentado el requerimiento. Que el principal coordinador político del gobierno no esté informado de algo así es gravísimo, ¿no?

La discusión no la vieron las personas de todo el gabinete. En el caso del ministro Alvarado, efectivamente no tenía conocimiento, pero no es que lo hayan tratado de excluir deliberadamente, sino que simplemente se presentó y lo firmaron varios ministros. Para personas que se han echado al hombro sacar adelante lo que hasta el momento se ha logrado en seis meses, que es mucho, que hayan tres o cuatro episodios desafortunados no significa que todo esté mal.

La reforma constitucional: errores de forma y coordinación

—La reforma constitucional fue presentada sin que la conocieran la ministra May Chomalí o los parlamentarios Andrea Balladares, Guillermo Ramírez, Luciano Cruz-Coke, Vanessa Kaiser. Usted mismo conoció el texto definitivo por la prensa. ¿Por qué el secretismo?

Lo que ocurrió es que se hizo una ronda con todos los partidos políticos hablando de los lineamientos generales, pero no del texto definitivo. Y yo creo que ese es un error cuando se trata de un proyecto tan profundo como una reforma constitucional. Hubo un exceso de cautela. Cuando tú invitas a otras personas a participar en un proyecto, hay dos caminos: o llevas el borrador y se lo presentas a tus compañeros y te lo firman tal cual, o la idea la desarrollas en conjunto. En este caso, tratándose de una reforma constitucional, si se recogía cada una de las aprehensiones y miradas en una redacción ex ante, probablemente no habría llegado a ninguna parte. Ese debe haber sido el razonamiento.

—Algunos dicen que había apuro porque dos senadores, Miguel Ángel Calisto y Camila Flores, enfrentan problemas judiciales y podrían terminar desaforados. ¿Fue por eso que se ingresó por el Senado?

Si uno tiene a la vista la información, efectivamente hay varios parlamentarios que están o han hecho noticia por temas judiciales. Desconozco si se debe a eso puntualmente, pero sí tiene que ver con otro componente. Hubo otra reforma constitucional que entró por la Cámara de Diputados, la que subía de cinco días a 180 días la facultad del Ejecutivo de retener administrativamente a inmigrantes para expulsarlos. Si nosotros siguiéramos con las mismas normas que tenemos desde los años 1980, donde ni siquiera existía la noción de lo que era el crimen organizado, por supuesto que no estaríamos en condiciones de enfrentarlo con una expectativa de éxito.

—¿Usted sabe quién redactó esta reforma constitucional?

El texto puntual, las personas específicas, no tengo idea. La institución, por supuesto que sí: el Ministerio de Seguridad. No voy a conversar con los abogados que teclearon esto. Lo que me importa es quién firma y cuándo lo firma: cuatro ministros de Estado y el mismo Presidente de la República. Eso es lo relevante. Por supuesto que no pasó una prueba importante en un contenido, eso está claro.

—La reforma contempla que el Presidente puede declarar un estado de excepción por 120 días prorrogables, es decir 240 días, con facultades para suspender garantías constitucionales. ¿A quién se le puede ocurrir algo así?

Nosotros mismos, junto al senador Longton, adelantamos que lo de los 120 días y que recién ingresara a los 240 al Congreso como control, por supuesto que no corresponde. Pretender dejar 240 días al arbitrio de una sola persona el eventual ejercicio de esto, por supuesto que iba a generar problemas. Es un error político. Ya lo anunciamos: se va a cambiar, estamos todos de acuerdo. Control desde el día uno y cada 30 días pasa por el Congreso Nacional. Esa fue la reunión que tuvimos el lunes con los ministros, y están de acuerdo no solo con eso, sino que también está un poco de más la restricción en materia de las comunicaciones y el registro de organizaciones criminales.

—Busqué constitucionalistas que estuvieran a favor de esto y no encontré a ninguno, incluso entre los más conservadores.

Estamos en circuitos y en lógicas totalmente distintas. Ellos están viendo la armonía de la norma que se va a encontrar después de la tramitación legislativa. Nosotros estamos viendo cómo nos preparamos para ganarle al Tren de Aragua. Hay quienes dicen que esto escapa a la tradición constitucional. Hay algunos que están preocupados de la tradición constitucional. Nosotros estamos preocupados de armarnos como Estado para ganarle a quienes efectivamente están amenazando el ejercicio de los derechos fundamentales. Cuando uno escucha esa frivolidad de asumir para poder ganarle al crimen organizado, no hay que hacer cambios radicales, yo creo lo contrario. Creemos que hay que hacer cambios radicales.

Seguridad, presupuesto y relaciones internacionales

—Bajo el gobierno anterior se aprobaron cerca de 30 leyes en materia de seguridad. Ahora vienen otras 30. ¿Qué plazo tiene este gobierno para que se note un cambio?

Bajo el gobierno anterior, efectivamente se aprobaron muchas leyes. Lo que viene ahora apunta precisamente a poder perseguir a las personas y encarcelarlas por muchos años por el solo hecho de pertenecer a una banda criminal. A mi juicio, desde el punto de vista de los indicadores en materia de seguridad, no es necesario que ya se haya puesto en práctica todo lo que va a emanar de esta reforma constitucional para que la gente ya note un cambio a fin de año. Ahora, que eso se traduzca en índices de victimización, en indicadores de condenas, de delitos violentos, por supuesto que ese es el compromiso del Presidente en su mandato.

—Gabriel Boric planteaba que no podía aplicar su programa sin una nueva Constitución. Kast dice que no puede aplicar su programa si no hace una reforma constitucional. ¿Es así?

El Presidente nunca ha dicho que su programa depende de una reforma constitucional. Nosotros tenemos un compromiso y una convicción que nace, precisamente, cuando era candidato, cuando le plantea a los chilenos que para combatir el crimen organizado hay que tomar medidas extraordinarias. Con el paso de los meses, viendo el comportamiento garantista que todavía tienen muchas instituciones en Chile, dijimos que si esto no queda consagrado en la Constitución, en línea con lo que verdaderamente los chilenos están exigiendo, ciertas cosas se van a tener que hacer por un camino que puede ser más lento. No significa que el programa o el propósito esté en juego. Está en juego un problema de velocidad. Perfectamente se puede aplicar el programa sin esta reforma.

—¿Chile tiene que someterse a Estados Unidos en materia de aranceles y comprometerse a una derogación tácita del Tratado de Libre Comercio?

Confío plenamente en el trabajo que están haciendo la Subsecretaría y la Cancillería. Cuando se plantea una alternativa, uno tiene que ver cuál es la otra. Por supuesto que hay una vía diplomática, que es la que se está agotando, se está trabajando, yo creo que va a dar resultado. Y la otra es someter esto a terceros imparciales. Esto es un problema que está teniendo Estados Unidos con el resto del mundo. Siendo realista, uno no puede decir simplemente que no negocia más o que va a hacer lo mismo con aranceles de vuelta. Hay que agotar todos los esfuerzos para que sea la menor cantidad de industrias las que estén afectadas. Esperaría el resultado, espero que en las próximas semanas tengamos buenas noticias.

—La relación entre Milei y Kast es fría. ¿Hay algo que no funciona?

Los estilos son bien distintos. En las caricaturas que se hicieron durante mucho tiempo de las derechas que están ganando las elecciones en el Cono Sur, había algo que no estaba reparando en esos análisis: son maneras de actuar, de gobernar, muy distintas, y son necesidades que tienen las naciones también muy distintas. Yo esperaría que fluya de la mejor forma posible todo lo que tenemos en común. Hay grandes oportunidades, como nunca antes, para ambos lados si se fortalece la relación comercial. En un tema muy sensible, como lo hemos visto en estos días, está en manejar de muy buena manera la diplomacia, no reaccionando o sobre reaccionando frente a cualquier exabrupto, pero al mismo tiempo teniendo la película superclara de cuáles son los conductos regulares para entendernos con todos nuestros vecinos.

—Se va a empezar a tramitar la ley de presupuesto. ¿Cuánto va a crecer el gasto público el próximo año?

Va a ser uno de los proyectos de ley más difíciles que vamos a tener. Hay un ministro de Hacienda que puso de sobreaviso a Chile completo de que había que restringir el gasto, que estaba totalmente exacerbado. Yo creo que va a crecer por sobre la corrección inflacionaria, por supuesto, pero en el entendido de que va a haber que apretarse el cinturón en algunos programas que están mal evaluados, y parte de eso ya se adelantó en el primer trimestre.

—¿Esta ley tiene que comprender el financiamiento de TVN?

No tengo registro de hasta dónde llega la bencina que salió con aval del Estado para TVN. Pero a estas alturas creo que el modelo, por supuesto que hay que cambiarlo. No corresponde que se esté compitiendo con cargo al bolsillo de todos los chilenos manteniendo un tremendo elefante blanco. Pero, al mismo tiempo, yo tendría especial cuidado con esos cantos de sirena que dicen que hay que eliminar a TVN. Hoy día, cuando cada vez son menos los medios de comunicación que están sujetos a la ley de prensa, y cuando es creciente la cantidad de chilenos que se informan por fuentes de rigor dudoso, yo estudiaría con cuidado el hecho de tomar esa decisión. Lo único que buscaría y exigiría es que sea un modelo sustentable. Creo que es perfectamente posible si existe voluntad.