A más de 25 años de la puesta en marcha de la Reforma Procesal Penal, la exministra de Justicia Javiera Blanco abrió un debate que apunta directamente al funcionamiento de la persecución penal en Chile: revisar las reglas y la estructura con que opera el Ministerio Público frente a una criminalidad que, sostiene, cambió sustancialmente respecto de aquella para la cual fue diseñado el sistema.
En entrevista con Tema del Día de BBTV, Blanco sostuvo que la discusión no supone desconocer los avances que significó abandonar el antiguo sistema inquisitivo. Por el contrario, calificó la reforma como “un tremendo logro para Chile” y recordó que su modelo incluso fue replicado por otros países.
El problema, explicó, es que el escenario criminal para el cual fue concebida ya no es el mismo.
“Cuando nosotros partimos la Reforma Procesal Penal (…) la criminalidad era muy distinta, el país era muy distinto”, señaló. En ese momento, agregó, el sistema fue pensado principalmente para enfrentar los denominados delitos de mayor connotación social. Hoy, en cambio, el Ministerio Público debe investigar secuestros, crimen organizado, lavado de activos, corrupción, trata de personas, ciberdelitos y organizaciones capaces de operar simultáneamente en distintas regiones e incluso fuera del territorio nacional.
“La criminalidad no puede estar más especializada que quien está llamado a investigarla”
Uno de los principales puntos planteados por Blanco es profundizar la especialización de los fiscales.
La exministra reconoció los cambios impulsados durante la administración del fiscal nacional Ángel Valencia y destacó particularmente la creación de nuevas estructuras para enfrentar investigaciones de alta complejidad y la Fiscalía Supraterritorial.
También recordó que durante anteriores procesos de fortalecimiento del Ministerio Público se crearon las Unidades de Análisis Criminal, destinadas precisamente a detectar patrones que antes podían quedar dispersos entre investigaciones tramitadas separadamente por distintas fiscalías.
Blanco sostuvo, sin embargo, que todavía existe espacio para avanzar.
“Nos falta todavía los fiscales que están especializados en crimen organizado”, afirmó. Aunque destacó el trabajo de los Equipos de Crimen Organizado y Homicidios (ECOH), sostuvo que la transformación del fenómeno delictual obliga a profundizar ese proceso.
“La criminalidad no puede estar más especializada que quien está llamado a investigarla“, advirtió.
El desafío, explicó, también pasa por superar una estructura estrictamente territorial cuando las organizaciones criminales ya no respetan esas fronteras. Una misma banda puede desarrollar actividades que atraviesan las jurisdicciones de distintas fiscalías regionales, lo que durante años obligó a entregar investigaciones de alcance suprarregional a fiscales que debían asumirlas adicionalmente a sus responsabilidades habituales.
La Fiscalía Supraterritorial, sostuvo Blanco, avanza precisamente en la dirección de corregir ese problema.
El problema de las investigaciones que se prolongan durante años
Pero uno de los puntos centrales de la entrevista estuvo en la duración de las investigaciones penales antes de una formalización.
Durante la conversación se abordaron como ejemplos los casos de la exsubsecretaria Katherine Martorell y el vinculado sobre la venta de la exclínica Sierra Bella, investigaciones que permanecieron abiertas durante años sin que finalmente se concretaran formalizaciones respecto de algunos de sus principales involucrados. Esto, pese a las acusaciones que se instalaron públicamente durante su tramitación, ya que las indagatorias no lograron reunir antecedentes que permitieran sustentar una imputación penal ni acreditar la existencia de los delitos investigados, en la práctica, en los dos casos no apareció ningún delito.
Blanco sostuvo que existe un vacío que debería ser revisado: la duración de la denominada etapa desformalizada de una investigación.
“Todo lo que es la etapa desformalizada tiene que tener un plazo”, afirmó.
La exministra explicó que, una vez formalizada una investigación, existen reglas y plazos que permiten controlar su duración. El problema se produce antes de ese momento.
“Tú no puedes, so pretexto de que estás en una fase desformalizada, extenderte siete años, ocho años. No hay norma alguna que establezca plazo para ello”, sostuvo.
Según Blanco, una investigación incluso puede acercarse a su prescripción mientras continúa en esa etapa, situación que a su juicio obliga a discutir mecanismos capaces de impedir que una persona permanezca durante años bajo investigación sin una definición del Ministerio Público.
“Esta etapa previa, nadie ha discutido sobre esa etapa previa”, planteó.
Cuando una carpeta termina ahogando la investigación
Blanco apuntó además a otro problema de gestión: la acumulación indiscriminada de antecedentes.
Según explicó, algunas investigaciones terminan reuniendo enormes cantidades de información sin que exista necesariamente una hipótesis suficientemente delimitada que determine qué antecedentes son relevantes.
“Hay como unas ansias de acopio de información que terminan siendo que te terminan ahorcando como investigador“, sostuvo.
La exministra agregó que cuando una causa comienza a acumular carpetas y antecedentes, puede ocurrir que el propio investigador pierda “el hilo conductor” y el objetivo original de la investigación.
A su juicio, ese fenómeno no se resuelve únicamente mediante modificaciones legales. También requiere capacitación y especialización de los fiscales para enfrentar investigaciones cada vez más complejas.
Cerrar rápido tampoco significa investigar mejor
Blanco hizo, sin embargo, una prevención. El problema de la persecución penal no consiste únicamente en las causas que permanecen abiertas demasiado tiempo. En el extremo contrario están aquellas investigaciones por delitos comunes que son archivadas rápidamente sin que las víctimas alcancen siquiera a entregar antecedentes.
La exministra ejemplificó con víctimas de robos que disponen de cámaras de seguridad o eventualmente de evidencia que podría ser levantada por las policías, pero cuyas causas terminan cerrándose pocos días después.
“Esa causa termina, se va a los siete días. Fue rápido, fue superrápido, pero tampoco era lo que quería la persona”, señaló.
Por eso, advirtió, una reforma no puede concentrar todos los recursos en crimen organizado y abandonar la persecución de los delitos que afectan cotidianamente a la población.
“No se trata de vestir un santo y desvestir otro”, afirmó.
El desafío, sostuvo, es encontrar un equilibrio entre una persecución altamente especializada para organizaciones criminales complejas y una capacidad efectiva de respuesta frente a robos y otros delitos comunes que inciden directamente en la percepción de seguridad.
La discusión que propone Blanco apunta así a una segunda generación de cambios al sistema: especialización, gestión de causas, límites temporales a las investigaciones no formalizadas y criterios que permitan concentrar los recursos sin sacrificar la persecución de la delincuencia común.
Una revisión que, a juicio de la exministra, se vuelve necesaria porque el sistema que revolucionó la justicia penal chilena hace más de dos décadas enfrenta hoy delitos y organizaciones que prácticamente no existían cuando fue diseñado.
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