En el marco de la indagación -luego que se filtraran audios en que el abogado Luis Hermosilla alude a sobornos para zafar al empresario de las multas y acusaciones en su contra- Carabineros acudió hasta la casa de este último y se llevó documentos, dos armas y computadores.
Durante horas de esta tarde, Carabineros del OS7 allanó la casa del empresario Daniel Sauer, uno de los involucrados en el audio que fue dado a conocer por Ciper, y que da cuenta de posibles pagos de coimas y uso de influencias para justamente “salvar” al controlador del factoring “Factop” y de la corredora de bolsas SFT.
Según publicó Emol, y tras la orden de investigar emanada desde la Fiscalía Metropolitana Oriente, los funcionarios uniformados llegaron hasta la calle San Damián en Las Condes, desde donde se llevaron computadores, documentos y dos armas.
Aseguraron que todo lo recopilado se cataloga como “evidencia de interés investigativo” y que fue autorizado por el 4to Juzgado de Garantía.
Posibles sobornos a funcionarios del SII y CMF
En las últimas horas se revelaron audios en donde el abogado Luis Hermosilla menciona pagos a funcionarios de la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) y del Servicio de Impuestos Internos (SII) para intentar “salvar” a su cliente, el empresario Daniel Sauer Adlerstein.
Él, junto a su hermano Ariel, son dueños y directores de STF Capital Corredores de Bolsa y del factoring Factop CBP. Ambas firmas han sido sancionadas y multadas por la CMF por operaciones irregulares.
De hecho, en junio pasado, la CMF sancionó a la corredora de bolsa y sus máximos directivos: los hermanos Sauer Adlerstein y Luis Flores Cuevas (según los registros, también es dueño y exgerente general).
¿La razón? proporcionaron “información falsa” al mercado y al público; incluso a la misma CMF.
“Maniobra siniestra”
En la presente jornada, el conocido abogado Luis Hermosilla acusó una “maniobra siniestra”, desmintiendo haber pagado coimas a funcionarios públicos.
Acusó haber sido víctima de un delito por la grabación de una conversación privada (la que fue difundida por Ciper).
“Además de los aspectos obvios y evidentes, están en juego el estado de derecho y el rol de los abogados, desde que, por medio de la comisión de un delito de grabación y difusión de conversaciones privadas amparadas en el secreto profesional, se accede a ellas”, señaló.
Pero también, descartó que el audio tenga alguna validez como prueba en la persecución penal, luego que la Fiscalía anunciara el inicio de una indagatoria.
