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Resumen generado con una herramienta de Inteligencia Artificial desarrollada por BioBioChile y revisado por el autor de este artículo.

La Contraloría General de la República aprobó el reglamento que permite al Estado querellarse por femicidio o suicidio femicida sin autorización de las víctimas, agilizando así la representación legal en estos casos. Anteriormente, el Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género brindaba representación solo con el consentimiento de las víctimas o sus familias. Con esta medida, se busca una respuesta más rápida en casos de violencia de género, asegurando representación legal desde el inicio del proceso.

La Contraloría General de la República tomó razón del reglamento que establece los estándares técnicos y requisitos formales para la representación de las mujeres víctimas de violencia de género establecida en la Ley Integral, lo que permitirá al Estado querellarse por femicidio o suicidio femicida sin necesidad de la autorización de las víctimas o sus familias.

Si bien el Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género (SernamEG) ya ofrecía representación jurídica a víctimas de violencia de género, esta solo podía realizarse cuando la víctima o sus familias otorgaban el patrocinio al Servicio.

En ese marco, los Centros Especializados de Violencia de Género de SernamEG, por ejemplo, realizaron más de 5.800 atenciones psicosociales y jurídicas a cerca de 3.500 usuarias en 2025, llevando además de 1.293 representaciones judiciales.

Sin embargo, uno de los cambios relevantes que introdujo la Ley y que se regula en este reglamento es que, en casos de femicidio y suicidio femicida, el servicio podrá presentar una querella por iniciativa propia, a través de las abogadas y abogados de sus direcciones regionales.

Objetivo del reglamento según SernamEG

Según el servicio, esto permitiría asegurar una respuesta institucional más rápida y que estos delitos cuenten con representación judicial desde el inicio del proceso.

Además, el reglamento establece estándares técnicos que deberán cumplir las entidades públicas y privadas con las que SernamEG celebre convenios para que representen a las víctimas, con el fin de asegurar una atención adecuada y especializada.

“La violencia de género es una vulneración grave de derechos, y el Estado tiene que responder a la altura. Eso significa acompañar a las víctimas y actuar a tiempo para que estos casos no queden sin justicia”, indicó al respecto la ministra Antonia Orellana.

Por eso la Ley Integral incorpora la representación legal, y con este reglamento estamos dando un paso concreto para implementarla y asegurar ese apoyo tan necesario para obtener reparación”, subrayó.

Cabe recordar que la Ley Integral establece distintas obligaciones en materia de prevención y atención de la violencia de género, además de crear un Sistema Integrado de Información que permitirá articular datos entre distintas instituciones del Estado para mejorar la respuesta, seguimiento y protección de las víctimas; en línea con los compromisos internacionales asumidos por el país.