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En democracia, el contraste entre promesas y resultados suele ser el juicio más claro que deja una administración.
El presidente Gabriel Boric concluye su mandato el 11 de marzo dejando una pregunta inevitable en la política chilena: ¿Cómo se va realmente su gobierno? No solo en términos formales -con el cierre institucional de una administración-, sino en relación con las expectativas que despertó y con los resultados que finalmente logró entregar.
Cuando Boric llegó al poder en 2022 lo hizo como el presidente más joven en la historia de Chile y como símbolo de una generación política que prometía superar a las anteriores. Aquella narrativa -marcada por una fuerte impronta generacional y por la idea de que una nueva élite política venía a corregir los errores del pasado- generó expectativas extraordinariamente altas. Sin embargo, con el paso del tiempo, esas expectativas comenzaron a enfrentarse con la realidad del ejercicio del poder.
Uno de los factores que más incidió en esa brecha fue la evidente inexperiencia política de buena parte de su equipo inicial. A ello se sumó, en distintas etapas del gobierno, un tono de superioridad respecto de administraciones anteriores que terminó siendo contraproducente. En política, responsabilizar permanentemente a generaciones previas rara vez contribuye a construir consensos duraderos; más bien erosiona la cooperación institucional que cualquier gobierno necesita para gobernar.
A esto se sumaron dificultades estructurales en su agenda legislativa. El gobierno de Boric registró fracasos significativos en dos proyectos centrales: la reforma tributaria y la redefinición del marco constitucional.
Su mandato comenzó, de hecho, en medio del proceso constituyente iniciado tras el estallido social de 2019. Tras dos intentos de redacción constitucional -ambos rechazados por la ciudadanía- los chilenos terminamos manteniendo la Constitución vigente, lo que convirtió aquella promesa refundacional en uno de los mayores reveses políticos del ciclo.
En materia económica, el balance tampoco logró instalar una narrativa de dinamismo. El crecimiento se mantuvo moderado durante buena parte del período y la reactivación fue más lenta de lo esperado. Chile continuó siendo una de las economías más estables de la región, pero la sensación predominante fue la de un país que avanzaba con cautela, lejos del impulso reformista prometido al inicio del mandato.
La seguridad pública terminó convirtiéndose en el principal desafío político de la administración. Aunque Chile mantiene tasas de homicidio menores que gran parte de América Latina, el país experimentó un aumento sostenido de delitos vinculados al narcotráfico, la presencia de mafias internacionales y nuevas formas de criminalidad transnacional nunca antes vistas. Esa percepción de deterioro en la seguridad se instaló con fuerza en la opinión pública.
El gobierno respondió ampliando el gasto en seguridad y creando nuevas estructuras institucionales para enfrentar el crimen organizado. Sin embargo, para amplios sectores de la ciudadanía esos esfuerzos no lograron traducirse en resultados visibles, lo que contribuyó a mantener una sensación persistente de inseguridad.
Otro golpe relevante a la credibilidad del Ejecutivo fue el denominado “caso fundaciones”, una serie de investigaciones por eventuales irregularidades en la asignación de recursos públicos a organizaciones privadas. El episodio afectó especialmente a una administración que había prometido estándares más estrictos de probidad.
Entre los pocos hitos que el propio oficialismo reivindica se encuentra la reforma del sistema de pensiones. No obstante, el verdadero juicio sobre esta medida solo podrá hacerse con el paso del tiempo, cuando se evalúe su sostenibilidad y su impacto real en las jubilaciones de los chilenos.
Las cifras finales ayudan a dimensionar el cierre del ciclo. Según la última encuesta Plaza Pública de Cadem, el presidente Boric termina su mandato con una nota promedio de 3,7 sobre 7 y solo un 29% de evaluación positiva, la más baja registrada para un mandatario chileno desde el retorno a la democracia en 1990. Su aprobación alcanza el 37%, mientras un 58 % desaprueba su gestión.
El mismo estudio muestra que las áreas mejor evaluadas del gobierno fueron transporte (53%), medioambiente (50%) y desarrollo energético (44%). En contraste, las peor evaluadas fueron inmigración (24%), lucha contra la delincuencia y el narcotráfico (25%) y combate a la corrupción (26%).
Pero quizás uno de los aspectos más reveladores del balance final del gobierno se encuentra en la política exterior. Chile ha sido históricamente reconocido por una diplomacia profesional y pragmática, caracterizada por el cuidado de sus relaciones estratégicas. Sin embargo, la administración Boric concluye con vínculos tensos o debilitados con varios actores relevantes del escenario internacional.
Las relaciones con Estados Unidos, Israel y Argentina atravesaron momentos complejos durante su mandato. En cuanto a Bolivia escaso acercamiento y con Perú se produjo una parsimonia particularmente visible, un país vecino con el que Chile comparte una relación histórica bicentenaria y una intensa interdependencia económica y comercial.
Uno de los episodios que ilustró esas tensiones fue la controversia en torno al llamado “cable chino”, proyecto de infraestructura digital que generó fricciones en medio de la creciente rivalidad estratégica entre Estados Unidos y China.
El episodio evidenció las dificultades del gobierno chileno para navegar un entorno geopolítico cada vez más complejo. A ello se sumaron decisiones diplomáticas, como el retiro de visas por parte de Estados Unidos a determinados funcionarios, lo que añadió incomodidad a una relación bilateral históricamente estable.
En ese contexto surge una pregunta incómoda para la política chilena contemporánea: ¿Cuánto contribuye realmente a la calidad del liderazgo internacional el exceso de adulación hacia los gobernantes de turno? Cuando la política exterior comienza a construirse más desde la épica que desde la prudencia diplomática, el riesgo es perder perspectiva sobre el verdadero peso relativo de un país en el sistema internacional. No deja de ser revelador que la primera canciller del gobierno haya comentado en una ocasión: “A veces le digo al presidente: ¿Tienes noción del impacto que causa tu liderazgo en el exterior?”.
El caso más significativo, sin embargo, fue el cómo desde el Palacio de La Moneda se miró con cierta distancia la relación con Perú. Entre ambos países existe una relación profundamente entrelazada en lo económico, lo comercial y lo social. Durante décadas, Santiago y Lima han avanzado en mecanismos de cooperación que permitieron transformar antiguas tensiones en una relación de creciente integración.
Por ello resulta particularmente llamativo que durante estos cuatro años la relación bilateral haya transitado por una etapa de distancia política. La relación entre países fronterizos exige una diplomacia activa, constante y orientada a generar nuevas oportunidades de cooperación.
Chile y Perú comparten además una posición estratégica tanto en el agro, como en la minería global, especialmente en cobre y minerales críticos. De allí la relevancia de avanzar en iniciativas de integración económica como la propuesta de crear una zona franca del cobre entre ambos países, una idea que permitiría potenciar inversiones, fortalecer cadenas de valor regionales y consolidar un polo minero de alcance mundial en el Pacífico sudamericano.
Así se va Boric: con reformas parciales, expectativas que no lograron materializarse plenamente y un país que parece mirar el futuro con más expectativa que nostalgia. En democracia, el contraste entre promesas y resultados suele ser el juicio más claro que deja una administración.
Así las cosas, y en el caso del presidente Boric, ese veredicto parece haberse instalado incluso antes de que abandone el Palacio de La Moneda, marcando el cierre de un ciclo político que prometió cambiar Chile y que termina dejando, más bien, la sensación de una oportunidad histórica que no llegó a concretarse.
