El desorden que dejamos: Y al que le pique, que se rasque

Cuando Gabriel Boric asumió la Presidencia en marzo de 2022, Chile no enfrentaba una economía simplemente recalentada: enfrentaba las consecuencias de uno de los mayores desórdenes macroeconómicos desde el retorno a la democracia.

El shock combinado de los retiros previsionales y del gasto fiscal extraordinario de 2021 —más de US$ 50.000 millones inyectados en pocos meses, equivalentes a cerca del 20% del PIB— dejó una inflación anual de 14,1%, el nivel más alto en tres décadas, un déficit fiscal efectivo de 7,7% del PIB en 2021 y una deuda pública que había saltado desde el 28% del PIB en 2019 a más del 37% en 2022. Ese era el país real. Todo análisis que omite esos datos como punto de partida es deliberadamente incompleto.

Frente a ese escenario, el gobierno optó por una decisión política de alto costo y bajo rédito inmediato: ordenar la economía. Con Mario Marcel en Hacienda, se ejecutó el mayor ajuste fiscal en décadas, con una reducción del gasto público de 23,1% real en 2022. Ese ajuste permitió pasar de un déficit estructural de 10,7% del PIB en 2021 a un superávit efectivo de 1,1% del PIB en 2022, el primero en diez años. No fue ideología ni dogmatismo: fue evitar que Chile entrara en una espiral inflacionaria persistente que habría licuado salarios, pensiones y ahorro interno.

Los resultados son verificables. La inflación, que superaba el 14% al inicio del gobierno, fue descendiendo sostenidamente hasta ubicarse en torno a la meta del 3%, permitiendo que el Banco Central iniciara un ciclo de reducción de tasas tras haberlas elevado hasta 11,25% para contener el desorden heredado. El riesgo país se estabilizó, el acceso al financiamiento externo se normalizó y Chile recuperó credibilidad fiscal en un contexto internacional marcado por guerra, alza de tasas globales y desaceleración económica.

Todo esto se hizo sin desmontar la agenda social. Mientras se ordenaban las cuentas, el salario mínimo subió de $350.000 en 2021 a $500.000 al 2024, se aprobó la ley de 40 horas, se fortalecieron las transferencias focalizadas y, según la encuesta Casen 2022, la pobreza por ingresos cayó desde 10,8% a 6,5%, y la pobreza extrema se redujo casi a la mitad. El empleo formal se recuperó progresivamente y la tasa de ocupación volvió a niveles cercanos a los previos a la pandemia, desmintiendo la idea de que el ajuste fiscal implicaría un colapso social.

El crecimiento promedio ha sido moderado, entre 2,3% y 2,5%, pero eso no es una anomalía. Es la consecuencia lógica de ordenar una economía que había sido inflada artificialmente por un consumo transitorio. El desafío no era acelerar cifras, sino reconstruir condiciones de estabilidad: atraer inversión, dar reglas claras y recuperar la disciplina fiscal para sostener un crecimiento duradero.

Chile cierra este periodo con inflación controlada, deuda estabilizada, reglas fiscales reforzadas y sectores estratégicos en desarrollo —como el litio, el hidrógeno verde y la reindustrialización asociada a la transición energética— sobre bases más sólidas que hace cuatro años. Quien asuma en marzo de 2026 no recibirá un país quebrado ni al borde del colapso, sino uno ordenado, con márgenes reales de decisión y sin bombas macroeconómicas ocultas bajo la alfombra.

La oposición sigue aferrada al cuento de que “Chile se cae a pedazos”, de que en lo económico habríamos destruido el futuro hasta de nuestros nietos. Pero la realidad, una vez más, les pasa por encima sin pedir permiso. Por más que uno busque, el famoso apocalipsis económico prometido por las derechas de oposición no aparece en las cifras del Banco Central, ni en los informes de la Dipres, y menos aún en la Casen.

El colapso no llegó, la catástrofe no ocurrió y el país no se derrumbó. Lo que sí se derrumbó fue el relato alarmista con el que intentaron sembrar miedo, porque frente a los datos, la consigna no alcanza y la exageración queda en evidencia.

La tarea es seguir con la responsabilidad fiscal, sin dejar de avanzar en responsabilidad social. Surge acá una nueva pregunta como se condice esta tarea con la instrucción del futuro ministro de hacienda para disminuir el presupuesto de cada ministerio en el 3%.

Este es el “desorden que dejamos”: una economía sana, con crecimiento modesto pero sostenido, inflación contenida y arcas fiscales que permiten gobernar sin sobresaltos. No es épica, no es eslogan, no es humo. Es gestión, datos y realidad. Y al que le pique, que se rasque.