La CMF explicó que Banco Itaú, Banco Falabella y Promotora CMR Falabella infringieron normas que buscan "proteger la integridad de la información de los deudores". Esa información necesita ser fiable ya que permite evaluar correctamente el acceso de los clientes a productos financieros.
La Comisión para el Mercado Financiero (CMF) informó este viernes que su Consejo aplicó multas por un total de UF 4.300 ($155.832.000, aproximadamente) en contra de Banco Itaú Chile, Banco Falabella y Promotora CMR Falabella S.A.
Las tres entidades, explicó, cometieron “infracciones graves y reiteradas” en la información contenida en el Estado de Deudores que remiten a la CMF.
En particular, las instituciones sancionadas incluyeron en esa lista a personas que no cumplían los requisitos para ello.
La Comisión sostuvo en un comunicado que eso puede afectar en las personas en el acceso a productos y servicios financieros, “dado que este tipo de información es empleada por las entidades crediticias para evaluar el otorgamiento de créditos”.
Las sanciones por entidad son:
-Banco Itaú Chile: multa de UF 1.800 ($65.232.000, aproximadamente).
-Banco Falabella: multa de UF 1.000 ($36.240.000, aproximadamente).
-Promotora CMR Falabella: multa de UF 1.500 ($54.360.000, aproximadamente).
El regulador explicó que los dos bancos y la Promotora CMR Falabella infringieron normas que buscan “proteger la integridad de la información de los deudores”.
Esa información necesita ser fiable ya que permite evaluar correctamente el acceso de los clientes a productos financieros.
De hecho, con esos datos la CMF elabora el Informe de Deudas, que contiene las deudas que una persona mantiene con las entidades fiscalizadas.
En 2022 se emitieron un total de 4,7 millones de informes.
Por último, la Comisión recordó que las personas pueden solicitar el Informe de Deudas de manera presencial en sus dependencias o a través de los canales de atención remota.
Posterior al comunicado emanado por la CMF, desde CMR Falabella y Banco Falabella enviaron hechos esenciales a la Comisión donde expresan que, durante el proceso de fiscalización, se había rectificado la información del reporte normativo de deudores.
