Luksic era accionista del Banco Popular con papeles equivalentes a 113 millones de euros. Pero ese banco quebró y fue adquirido por Santander por la simbólica suma de un euro.
La Audiencia Nacional en España rechazó la solicitud de Aeris Invest -vehículo de inversión del grupo empresarial de Andrónico Luksic- que tenía como fin imputar al Banco Santander en el caso que investiga la caída del Banco Popular, del que era accionista.
La quiebra del Popular en 2017 afectó a miles de accionistas -entre ellos Luksic- antes de ser adquirido por el precio simbólico de un euro por el Santander, entidad española con presencia en América.
El juez José Luis Calama atendió al criterio de la Fiscalía, que sostuvo que “los hechos en los que sustenta su pretensión Aeris no pueden ser tenidos en cuenta como fundamento que justifique la transferencia o traslado de responsabilidad, y por ende que justifiquen tener como persona jurídica investigada al Santander”.
El juez rechazó la práctica de una serie de diligencias solicitadas por Aeris, ya que entendió que “debe denegarse dicha imputación”, aunque aclaró que “en un tiempo razonable” se dictará una resolución “debidamente motivada” que podrá ser recurrida por las partes.
Aeris Invest pidió al juez el año pasado que volviera a imputar al Santander, que desde 2019 figura sólo como responsable civil, y el pasado abril solicitó que llevara a cabo una serie de diligencias “anudadas a una posible imputación del Santander”.
Aeris Invest argumentó que en la compra pudo haber “irregularidades contables y de gestión jurídica” que a su juicio el Santander no denunció.
En el momento de la resolución del Popular en 2017, Aeris Invest tenía una participación del 3,45% en el capital del banco y fue una de las acusaciones más activas de este procedimiento, llegando incluso al Tribunal de Justicia de la Unión Europea, aunque en 2021 desestimó su recurso.
Ya en 2018, Luksic había reclamado al Santander más de 113 millones de euros invertidos en acciones del Popular a través de Aeris Invest, que resultaron amortizadas tras la resolución, y le reprochaba un “enriquecimiento injusto” en la compra.
El Santander estuvo imputado en la causa hasta que en 2019 la Audiencia Nacional admitió su recurso, en contra del criterio de la Fiscalía, y dejó sin efecto su condición de investigado, “sin perjuicio de lo que más adelante y, resultado de las diligencias de investigación, pudiera resultar”.
