"Sin certeza jurídica ni equilibrio financiero, no es posible garantizar el futuro de las coberturas de salud", alertó el presidente de la Asociación de Isapres, Gonzalo Simon.
La Asociación de Isapres reportó su balance del primer semestre de 2022, el que evidenció números rojos por sexto trimestre. El gremio reiteró que dicho escenario se debe al congelamiento de planes, la creciente judicialización y la “incongruencia” de las autoridades al momento de aplicar y/o interpretar las leyes.
De acuerdo con el último balance financiero de las isapres abiertas, correspondiente al primer semestre del año en curso, las pérdidas ascienden a $73 mil millones. Esto, sumado a las cifras de 2021, totalizan un resultado negativo por $222 mil millones.
Los resultados, que incluyen a las aseguradoras Banmédica, Colmena, Consalud, Cruz Blanca, Nueva Masvida y Vida Tres, “se deben principalmente al congelamiento del precio de los planes de salud, que se aplicó durante 2020 y 2021”, explicó el gremio.
Los resultados negativos también se explican por un mayor gasto nominal en atenciones de salud (cirugías, consultas médicas, exámenes y procedimientos), el que aumentó 14% en los primeros seis meses de este año, mientras el desembolso por licencias médicas subió 5%.
“Los costos en salud han crecido sostenidamente, no solo en Chile sino en todo el mundo, empujados por la pandemia. Y en ese contexto, con una mayor presión asistencial y de licencias médicas, los precios de los planes estuvieron congelados durante dos años, generando un desequilibrio financiero muy grave”, dijo el presidente de la Asociación de Isapres, Gonzalo Simon.
Problemas
El representante de la entidad gremial, además, apuntó a la judicialización que afecta al sistema y enfatizó que el problema no es únicamente el balance negativo, sino más bien “el grave riesgo de que este déficit operacional se instale de manera permanente”.
“Lo que está amenazando a las isapres es la incongruencia entre las leyes que regulan al sector y la interpretación que realizan las autoridades de las mismas. Es decir, un problema de inviabilidad administrativa y operacional que, en definitiva, no permite proyectar con certeza el sistema hacia el futuro”, afirmó Simon.
De acuerdo con la Asociación de Isapres, la falta de definiciones normativas no puede ser corregida por el sector y constituye un escenario irreversible, salvo una decidida acción del Gobierno.
“Las aseguradoras, pensando en los afiliados, están haciendo aportes, mes a mes, para suplir los recursos necesarios para operar. Sin embargo, es necesario tener claridad de que, sin certeza jurídica ni equilibrio financiero, no es posible garantizar el futuro de las coberturas de salud”, dijo Simon.
En este escenario, la Asociación de Isapres valoró la instancia de diálogo que comprometió el Ministerio de Salud, así como la intención de generar en los próximos días dos propuestas, de corto y largo plazo, para abordar y contener la crisis en el sistema.
“El Gobierno ha reconocido el problema y la expectativa es encontrar con la mayor celeridad un mecanismo que evite un cierre abrupto y la crisis que esto implicaría, no solamente para los beneficiarios, sino también para los prestadores y los usuarios del sistema público, que ven con preocupación el riesgo en que se encuentra el sector”, finalizó el presidente de la entidad.
