La Asociación de Isapres expuso que el énfasis no debería estar puesto en desmantelar el sistema privado, "sino en lograr que todas las personas tengan acceso a tratamientos y prestaciones de manera oportuna".
Ayer miércoles el director de Fonasa, Camilo Cid, afirmó que con las reformas que está implementando el Gobierno las isapres iban a “desaparecer del mapa de la seguridad social”.
Argumentó que el objetivo es que la cotización obligatoria de las personas y los recursos del Estado se unifiquen en un sólo organismo.
Hoy jueves, la Asociación de Isapres se manifestó ante esos dichos a través de un comunicado: se refirieron a las complejidades que atraviesan como gremio, que entregan prestaciones a cotizantes que voluntariamente están en el sistema -de los cuales medio millón “tienen diagnósticos de alto riesgo”- y que un traspaso masivo a Fonasa ocurriría en medio de largas listas de espera.
“Estamos al tanto de los múltiples desafíos que enfrenta el Ministerio de Salud, sin embargo, es necesario que se atienda la situación de los tres millones de afiliados que arriesgan a corto plazo perder su cobertura de salud, causando un traspaso masivo de personas al Fonasa, justo cuando hay más de dos millones de personas en lista de espera”, dijo el gremio.
En esa línea agregó que Chile está “preparado para discutir una reforma de salud, pero no para que las isapres cierren de golpe”.
A juicio de la Asociación de Isapres, el énfasis no debería estar puesto en desmantelar el sistema privado, “sino en lograr que todas las personas tengan acceso a tratamientos y prestaciones de manera oportuna”.
“(Pero) lo que hemos visto hasta ahora son acciones tendientes a eliminar a las isapres, en lugar de dar respuestas concretas a los problemas de salud de la ciudadanía. Lo que uno esperaría es que, si se va a poner fin a algo en materia de salud, que sea a las listas de espera, a la falta de médicos, insumos o infraestructura que afectan diariamente a los chilenos”, remarcó.
En el mismo comunicado, la Asociación reiteró que están viviendo una “inminente inviabilidad operacional” por la judicialización ante tribunales y por la Superintendencia de Salud “que desconoció las las leyes dictadas que regulan el funcionamiento del sector, tras dos años sin adecuaciones de precios”.
Por último, el gremio señaló que en reiteradas ocasiones solicitó tener reuniones con la ministra de Salud, Begoña Yarza, para exponerle “las complejas cifras del sector y los difíciles escenarios que se aproximan”, la cual tras varios intentos recién se realizará el 18 de agosto.
