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El desafío es reconstruir confianzas. Confianza entre las fuerzas políticas, entre las instituciones y, sobre todo, entre la ciudadanía y la política.
El 11 de marzo siempre ha sido una fecha cargada de simbolismo en la política chilena. Marca el inicio y cierre de ciclos institucionales, pero también invita a algo más importante: detenernos a evaluar con serenidad dónde estamos como país y qué lecciones deja el camino recorrido.
Los últimos años han sido especialmente intensos para Chile. Pasamos de una crisis social profunda a un proceso constituyente que generó enormes expectativas y que finalmente no logró consolidar un nuevo pacto institucional. Ese fracaso no solo fue político; también fue una señal clara de que los cambios estructurales requieren acuerdos amplios, responsabilidad y una conexión real con las prioridades de la ciudadanía.
El gobierno que termina su ciclo llegó con una narrativa de transformación generacional y con la promesa de abrir una nueva etapa para el país. En algunos aspectos logró instalar debates necesarios —como la importancia de la protección social o la modernización del Estado—, pero también enfrentó dificultades evidentes para convertir esas ideas en resultados concretos.
La economía mostró señales de debilidad en varios momentos del período, la crisis de seguridad se instaló como una de las principales preocupaciones ciudadanas y varias reformas relevantes terminaron diluyéndose en el complejo entramado político del Congreso.
Parte de esa dificultad tuvo que ver con el aprendizaje propio de una generación política que llegó al poder con poca experiencia en la gestión del Estado. Gobernar un país es muy distinto a movilizar causas desde la oposición o desde el mundo estudiantil. La política institucional exige gradualidad, acuerdos y capacidad de conducción, elementos que muchas veces se aprenden en el ejercicio mismo del poder.
Sin embargo, sería un error reducir este ciclo a un simple fracaso. Chile sigue siendo una democracia sólida en comparación con la región, con instituciones que funcionan y con una ciudadanía cada vez más exigente respecto de sus autoridades. Ese escrutinio permanente, aunque incómodo para quienes ejercen el poder, es también una señal de madurez democrática.
La gran lección de estos años es que los proyectos políticos no pueden construirse desde la lógica de la refundación permanente. Chile necesita reformas, sí, pero también necesita estabilidad, certezas y acuerdos duraderos. Las sociedades que progresan no son aquellas que cambian todo cada cuatro años, sino las que son capaces de construir consensos básicos sobre su rumbo.
En ese sentido, el principal desafío para el nuevo ciclo político será recuperar la capacidad de diálogo entre sectores que durante demasiado tiempo han preferido la confrontación antes que la cooperación. La seguridad pública, el crecimiento económico, la modernización del Estado y la reducción de la desigualdad no son banderas ideológicas exclusivas de un sector; son tareas país que requieren voluntad transversal.
A medida que se abre una nueva etapa política, el desafío no es solo cambiar de gobierno o de liderazgo. El desafío es reconstruir confianzas. Confianza entre las fuerzas políticas, entre las instituciones y, sobre todo, entre la ciudadanía y la política.
Porque al final, más allá de los ciclos electorales o de los nombres que ocupen los cargos de poder, lo que está en juego es algo mucho más profundo: la capacidad de Chile de proyectarse hacia el futuro con estabilidad, justicia y sentido de propósito común.
Ese es, probablemente, el verdadero desafío del país que viene.
