El mundo político, social y ambiental de Osorno calificó de “amenazas” la solicitud del grupo controlador de Aguas Andinas, quien pidió la nulidad del proceso de caducidad contra Essal.
La solicitud se enmarca en la acusación de parte del grupo SUEZ, de “reiteradas violaciones al debido proceso”, -en que señalan- habría incurrido el Superintendente de Servicios Sanitarios desde el inicio de la investigación, cuando declaró abiertamente que se debía caducar la concesión a Essal.
Al respecto el intendente Harry Jürgensen indicó que la empresa debe seguir el marco jurídico chileno. “No me parece que una empresa chilena recurra a instancias internacionales para resolver un conflicto” de Chile, señaló.
Ricardo Becerra, presidente de la Red Ambiental Ciudadana indicó que con las amenazas, la empresa reconoce implícitamente la cercanía de una caducidad.
Desde la Asociación de Consumidores de Osorno, su presidente Luis Álvarez, se sumó a los cuestionamientos, pero respecto a la labor de la Superintendencia.
Por el caso, la compañía pagó compensaciones a los ciudadanos por el daño provocado, y entregó planificaciones para robustecer sus procesos, que tras la contaminación con petróleo en julio pasado, reveló precarias y artesanales instalaciones, con la cual abastecía de agua potable a la ciudad de Osorno.
Mientras que se esperaba en marzo de este año conocer los resultados de la investigación del proceso de caducidad iniciado por la Superintendencia de Servicios Sanitarios -para lo cual se propuso un plazo de seis meses, que luego extendió-, oportunidad en que se conocería la resolución del Presidente de la República, respecto de la continuidad de operaciones.
