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El Decreto Supremo 68 que modifica la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones enfrenta críticas por posibles efectos de sobredensificación y la facilitación de construcción de "guetos verticales". El Ministerio de Vivienda busca simplificar reglas urbanísticas para agilizar proyectos habitacionales y reducir precios de viviendas nuevas. La Municipalidad de Estación Central cuestiona que se estén modificando aspectos que deberían discutirse por ley.
Sobredensificación y una mayor facilidad para la construcción de “guetos verticales”. Esas son algunas de las críticas que enfrenta el Decreto Supremo 68, ingresado por el Gobierno a la Contraloría, que modifica la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones.
La ordenanza es el reglamento que fija las normas técnicas para planificar las ciudades, otorgar permisos de edificación y definir cómo se puede construir en el país.
Con este cambio, el Ministerio de Vivienda busca simplificar las reglas urbanísticas para agilizar proyectos habitacionales y contribuir a reducir el precio de las viviendas nuevas.
Críticas por cambios del Gobierno a normativa de construcción
La iniciativa ya recibió sus primeros cuestionamientos. La Municipalidad de Estación Central acudió a la Contraloría, acusando que el Ejecutivo estaría modificando mediante un decreto materias que deberían discutirse por ley.
Además, advirtió que los cambios podrían aumentar la densidad habitacional y facilitar nuevamente la construcción de “guetos verticales”.
Uno de los puntos más controvertidos es el cambio en el cálculo de la densidad. El coordinador académico de Construcción del IACC, Fabián Orrego, explicó que el texto eleva el factor de 2 a 2,8 habitantes por vivienda, lo que podría generar sobredensificación.
Sin embargo, aclaró que su aplicación y resultado final dependerá “también de las normas de altura, constructividad y distanciamientos aplicables a cada proyecto”.
El docente de la Facultad de Arquitectura y Arte UDD, Álvaro Farrú, afirmó que el decreto pasa por alto los planes reguladores comunales, pese a que responden a la realidad de cada zona. Además, sostuvo que la modificación beneficia principalmente a las inmobiliarias por sobre las personas.
Según el académico, “esto está pensado claramente para darle tiraje al mundo inmobiliario, pero no para la calidad de vida de las ciudades”.
Con todo, hay quienes también destacan los posibles beneficios que traerían estas modificaciones.
Angela Prado, subdirectora del Centro de Estudios Territoriales de la Uandes, sostuvo que “puede contribuir a reactivar la inversión inmobiliaria, al permitir un mejor aprovechamiento de la capacidad edificatoria, ya contemplada en los planes reguladores”.
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