¿A quién le conviene debilitar Codelco?

Cada cierto tiempo reaparece una vieja operación política: instalar la idea de que Codelco dejó de ser un activo estratégico para transformarse en un problema para Chile. Se exageran sus dificultades financieras, se omite deliberadamente el contexto en que opera y se presenta su deuda como prueba del supuesto fracaso del Estado como empresario. No es un debate inocente, sino que se suma a una agenda que busca disminuir el rol del Estado a una mínima expresión.

Quienes sostienen que Codelco “ya no es el sueldo de Chile” omiten un dato esencial: ninguna empresa aporta más recursos al Estado chileno que la cuprífera. Lejos de ser una empresa desconectada del bienestar ciudadano, la empresa es un motor insustituible del erario fiscal. Además de tributar bajo el régimen general de las empresas mineras, el Estado recibe recursos mediante la tasa adicional del 40% que pagan las empresas públicas, los pagos asociados al Royalty Minero, los dividendos provenientes de sus utilidades líquidas y los enteros derivados de la legislación que reemplazó a la antigua Ley Reservada del Cobre.

Según el último Informe de Finanzas Públicas de la Dipres, durante este año Codelco aportará por sí sola cerca de un tercio de todos los ingresos que la minería entregará al fisco. No se trata de una empresa cualquiera: cuando Codelco genera más recursos, el Estado dispone de más capacidad para financiar pensiones, salud, educación, infraestructura y seguridad. Debilitar a Codelco es debilitar la capacidad fiscal de Chile.

Por otro lado, resulta insostenible y carente de rigor calificar a Codelco como un lastre. Para comprender adecuadamente la dinámica de su deuda, es indispensable considerar un factor de contexto histórico: por ley, la corporación estuvo obligada durante décadas a entregar un porcentaje fijo del total de sus ventas brutas, independientemente de si obtenía ganancias o pérdidas operativas. Muy pocas empresas en el mundo han debido operar bajo una exigencia semejante. Precisamente para comenzar a corregir esa situación, el gobierno del presidente Gabriel Boric permitió la capitalización de parte de las utilidades de la empresa. Ese fue un reconocimiento explícito de que una compañía que enfrenta inversiones históricas requiere fortalecer su patrimonio y no solamente distribuir recursos.

Aquí aparece otro doble estándar llamativo. Cuando una empresa privada aumenta su deuda para financiar proyectos que ampliarán su capacidad productiva, el mercado lo interpreta como una inversión de largo plazo. Cuando Codelco hace exactamente lo mismo para desarrollar Chuquicamata Subterránea, El Teniente, Andina o Rajo Inca, algunos lo presentan como evidencia de fracaso. La lógica económica es la misma; lo que cambia es el prejuicio ideológico respecto del Estado.

A ello se suma un desafío estructural que trasciende cualquier administración: el descenso sostenido de las leyes del mineral. Los grandes yacimientos de Chile son cada vez más maduros, lo que obliga a remover mayores volúmenes de roca para producir la misma cantidad de cobre. Esa realidad geológica eleva los costos de producción y exige inversiones cada vez mayores si el país quiere mantener su liderazgo minero.

Es precisamente por eso que durante 2025 Codelco ejecutó 5.073 millones de dólares en inversión, el mayor Capex de toda su historia. Buena parte de su endeudamiento responde a ese esfuerzo extraordinario para asegurar producción durante las próximas décadas. Presentar esas inversiones como un problema equivale a cuestionar que Chile invierta para seguir explotando su principal riqueza.

Si realmente existe preocupación por la salud financiera de Codelco, la discusión debería centrarse en cómo fortalecer su capitalización y asegurar las condiciones para que complete exitosamente sus proyectos estructurales. Resulta contradictorio lamentar su deuda mientras se impulsan políticas que reducen la capacidad futura del Estado para respaldar financieramente a su principal empresa estratégica.

La verdadera discusión no es si Codelco enfrenta desafíos sino qué camino seguimos para enfrentarlos. Uno que fortalezca la empresa que sostiene una parte relevante de los ingresos fiscales y que seguirá siendo clave para la transición energética mundial, o uno que utilice sus dificultades como argumento para entregársela al mejor postor. La derecha nunca creyó que Chile puede administrar soberanamente su principal riqueza y hoy ocupan caricaturas para evitar el debate de fondo.