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Resumen generado con una herramienta de Inteligencia Artificial desarrollada por BioBioChile y revisado por el autor de este artículo.

Comenzó en el Senado el debate del proyecto de ley “Ordenemos la Cuenta” para atenuar el aumento del 4.9% en las cuentas de luz, reprogramando la deuda acumulada. Se propone un pago gradual entre 2028 y 2035 con un cargo de $5 por kWh al consumo. Expertos cuestionan qué sucede si la deuda persiste en 2035. Consumidores piden mayor aporte estatal.

Este lunes, comenzó el debate en el Senado del proyecto de ley “Ordenemos la Cuenta”, con la presentación de distintos actores que componen el sistema eléctrico nacional, académicos y consumidores.

La iniciativa que entró con discusión inmediata busca mitigar el alza en las cuentas de la luz cercana al 4,9%, considerando el ajuste por generación y el cargo por transmisión. Deudas acumuladas y que, a la fecha, siguen generando intereses.

El proyecto no elimina la deuda, sino que la reprograma. Para ello, el Ejecutivo propone trasladar su cobro a partir de un mecanismo de pago gradual entre 2028 y 2035, con un cargo de $5 por kWh aplicado directamente al consumo.

Discusión por proyecto “Ordenemos la Cuenta”

No obstante sobre este punto, uno de los reparos de Alberto Herrera, investigador de Libertad y Desarrollo, fue que el Ejecutivo especifique qué pasa con los excedentes y qué hacer si al 2035 la deuda aún no está cubierta.

“Los documentos entregados a las empresas no tendrán garantía estatal y el cargo no puede continuar después de esa fecha. Por tanto, ¿quién asumirá finalmente ese riesgo?”, dijo Herrera.

Pese a que el Ejecutivo despejó en la Cámara la idea de que las personas van a pagar a las empresas, la explicación no tranquiliza del todo a Hernán Calderón, presidente de la Corporación Nacional de Consumidores y Usuarios de Chile.

El dirigente volvió a poner sobre la mesa que el proyecto debe considerar un aporte mayor del Estado: “Consumidores residenciales van a tener que ser solidarios, pero el Estado no toma ningún componente de solidaridad, que podría abstenerse de cobrar el IVA de esa deuda”.

Sobre el punto que propone extender el subsidio eléctrico hasta 2027, con US$ 120 millones, manteniendo su focalización en el 40% más vulnerable, la ministra de la cartera, Ximena Rincón, dijo que ya se han comprometido a evaluar una ayuda a las familias, más allá de este problema puntual.

Sin embargo, eso quedará fuera de la discusión de esta iniciativa.

“Más allá de pagar la deuda, hay un tema que se ve en otros ámbitos, por ejemplo el sanitario, donde hay un subsidio permanente. Ahí, lo que comprometimos es que íbamos a formar un grupo de trabajo para abordar ese tema particular fuera de la legislación”, dijo la autoridad.

El proyecto además incorpora, excepcionalmente, la revisión voluntaria de los contratos de suministro eléctrico de largo plazo, una flexibilidad poco habitual en el mercado y que busca introducir márgenes de ajuste en condiciones específicas.

Sobre ese punto, académicos señalan que bajar el precio ahora, compensándolo con una extensión del contrato, podría permitir bajar la cuenta, pero le resta competitividad a otros actores.