Durante su primera Cuenta Pública, el pasado 1 de junio, el presidente José Antonio Kast comprometió una modernización del sistema tarifario eléctrico para que “sea simple, transparente y comprensible” tanto para las familias como para las empresas.
“La energía debe dejar de ser una fuente de incertidumbre para convertirse en una garantía de bienestar”, dijo al respecto; en línea con la Ruta Energética 2026–2030 lanzada por el Ministerio de Energía y que contiene una hoja de trabajo concreta para el sector.
Y en este contexto, se levantó la iniciativa “Ordenemos la Cuenta”, que busca rebajar las tarifas, enfrentar las persistentes alzas y extender el subsidio eléctrico.
Además, tiene como finalidad asegurar “un servicio de calidad” y saldar definitivamente las deudas con las distribuidoras, para evitar seguir con una morosidad de arrastre que por años afecta al país.
“Se trata de medidas necesarias ya que es un servicio fundamental para el desarrollo de nuestro país y que implica un gasto mensual muy importante para muchas familias”, remarcaron desde el Ejecutivo.
Sin embargo, para que tarifas más estables y adecuadas se vean reflejadas al momento que los usuarios domiciliarios paguen la cuenta, se hace fundamental pagar las deudas con las empresas del sector, explicó el Ministerio de Energía.
En simple: se propone resolver la deuda asociada al componente de distribución (VAD) correspondiente al período 2020-2024, que acumula al menos 43 meses de retraso. Para ello se establece un mecanismo de pago gradual entre 2028 y 2035, permitiendo distribuir los costos en el tiempo y minimizar su impacto en las cuentas de electricidad.
De esta manera, considerando que en 2028 el cargo asociado al Mecanismo de Protección al Cliente disminuirá de 22 a 9 pesos por kilowatt-hora, el proyecto contempla un cargo acotado de 5 pesos por kilowatt-hora destinado a cubrir esa deuda, permitiendo igualmente una disminución neta de 8 pesos por kilowatt-hora para los usuarios.
Mientras aquello intente concretarse, el proyecto extendería el subsidio eléctrico para el año 2027 para las familias más vulnerables.
Actualmente, además, los clientes regulados se rigen bajo contratos de suministro calificados de “antiguos” por Gobierno -algunos de más de 15 años-, “y no reflejan las condiciones actuales del mercado, ya que fueron definidos en contextos de menor competencia y generación más cara”.
Para revertir eso, se abrirá la posibilidad a la Comisión Nacional de Energía para implementar un mecanismo voluntario para contratos vigentes o nuevos para poder apuntar a bajar los precios de las cuentas. “Eso generará que los contratos caros puedan ofertar precios más competitivos y así apuntar a bajar la cuenta final de la luz”, explicó el Gobierno.
La luz bajo presión
Los expertos han apuntado que, más allá del consumo mensual, es evidente la presión que genera en los bolsillos la factura eléctrica.
Miguel Torres, ingeniero eléctrico y académico de la Facultad de Ingeniería y Ciencias Aplicadas de la Universidad de los Andes (Uandes), explicó que uno de los focos centrales es evitar que los mencionados costos acumulados lleguen de forma abrupta a los clientes finales.
La propuesta, analizó el académico, establece un mecanismo de pago gradual para ordenar saldos con distribuidoras y transmisoras. Con ello, se busca regularizar compromisos arrastrados por el sistema eléctrico sin concentrar todo el efecto en una sola boleta.
Contratos y continuidad del suministro
Torres comentó que otra medida relevante asociada al proyecto es la posibilidad de revisar acuerdos de suministro heredados, a los que siguen sujetas varias empresas distribuidoras.
Aunque ese punto no representa un alivio inmediato para los usuarios, sí podría incidir en condiciones más competitivas para el mercado.
“Permite revisar y renegociar contratos de suministro eléctrico antiguos, que es a lo que se ven amarradas muchas de las empresas distribuidoras”, indicó.
A juicio del académico de la Uandes, ese tipo de ajustes puede ayudar a reducir costos de energía en el mediano plazo. Además, planteó que el proyecto incluye herramientas para promover inversiones y fortalecer las atribuciones de la autoridad, especialmente en zonas donde la estabilidad del suministro requiere mejoras.
“De esta manera, también se logra un beneficio para los clientes, pero esto va principalmente por el lado de mejorar las condiciones para que se tenga una mejor calidad y continuidad del servicio eléctrico”, concluyó Torres.
Por todo, resaltó que el debate no se limita al valor mensual que llega al hogar: detrás de la cuenta también pesan compromisos pendientes, contratos heredados y obras necesarias para contar con un sistema más estable.
Las 6 metas que definió el Gobierno en materia energética
A fines de mayo, el Gobierno, a través del Ministerio de Energía, lanzó la Ruta Energética 2026–2030, con una hoja de trabajo concreta para el sector.
La Ruta fue elaborada con el apoyo de participación ciudadana, proceso que incluyó consulta a actores del sector, organismos del Estado y la ciudadanía.
La agenda se organiza en seis ejes con acciones específicas, plazos definidos y productos concretos para darle seguimiento a su implementación:
-Eje 1. Energía más competitiva y justa para hogares y MiPyMEs: incluye modernización tarifaria, acceso en zonas rurales y aisladas, reducción de pobreza energética y fortalecimiento del autoconsumo.
-Eje 2. Sistema energético seguro y resiliente: actualización del plan de invierno, gestión de riesgos de desastres, protección de infraestructura crítica, e integración energética regional.
-Eje 3. Transición energética y transformación del sistema: eficiencia energética, electromovilidad, bioenergía, retiro del carbón e integración de más renovables al sistema.
-Eje 4. Infraestructura energética habilitante para la transición: expansión de transmisión, mejor uso de redes existentes, planificación de sistemas medianos e infraestructura de combustibles.
-Eje 5. Energía como motor de inversión y desarrollo: agilización de proyectos, mesa interministerial de inversión estratégica y planes de acción en zonas clave. A fines de 2025 existían proyectos energéticos en evaluación ambiental por más de 47.000 millones de dólares.
-Eje 6. Modernización de la institucionalidad energética: integración de datos del Ministerio, CNE, SEC y CCHEN, actualización de la Política Energética Nacional y revisión de la coordinación entre organismos del sector. En el marco de este eje, las instituciones del sector suscribieron un Acuerdo por un Sistema Energético Integrado.
*Fuente: Ministerio de Energía.
Al respecto, la ministra de Energía, Ximena Rincón, señaló que “sin energía, no hay desarrollo”.
“La energía es una condición habilitante para mejorar la vida de las familias, impulsar el desarrollo, fortalecer la seguridad del país y avanzar hacia una transición energética justa, segura y sostenible”, dijo.
Por último, resaltó que “esta Ruta no pretende resolver todos los desafíos de un día para otro, pero sí ordenar el camino: estabilizar las cuentas de las personas, seguir mejorando la calidad del suministro, reducir la pobreza energética, acelerar la transición, habilitar infraestructura, destrabar inversión y modernizar el Estado.
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