Gobierno defiende idea de indemnizar a empresas por proyectos de inversión revocados

La judicialización sigue frenando proyectos de inversión en Chile. Hoy existen varias decenas de causas en los Tribunales Ambientales por más de US$10 mil millones, con fallos que tardan más de 500 días promedio.

Ante ese escenario, la Ley de Reconstrucción Nacional propone que el Estado indemnice a las empresas cuando sus proyectos, pese a contar con una resolución favorable, sean revocados por los Tribunales Ambientales.

El Gobierno defiende la medida como un incentivo a la inversión, mientras expertos cuestionan sus efectos sobre la autonomía judicial y su constitucionalidad.

Gobierno defiende indemnizar proyectos revocados

Actualmente se acumulan 67 causas en tramitación en Tribunales Ambientales, relacionadas a 59 proyectos. Dichas causas superan la capacidad de respuesta, y por ende los plazos legales. Al primer semestre de 2026, el promedio de las sentencias fue de 568 días corridos.

En la Ley de Reconstrucción Nacional hay un artículo que obliga al Estado a restituir o indemnizar a empresas cuyos proyectos sean revocados en los tribunales ambientales y que tengan una Resolución de Calificación Ambiental (RCA) favorable.

Una decisión que se acoge a la extensa judicialización que enfrentan proyectos de inversión y que en algunas oportunidades terminan en salida de capitales.

Consultado por la nueva norma que considera la mega reforma, el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, descartó que esto vaya a transformarse en una arma de doble filo y dijo que los costos actuales siguen siendo mayores que una posible indemnización.

“Mientras se detienen, se pierden empleos, el Estado pierde recaudación, etc. En todo eso suma mucho más que el eventual seguro que haya que pagar en algún caso, que normalmente es un porcentaje muy pequeño, que el Estado tenga que ir a cubrir”, dijo Quiroz.

Pero hay visiones contrapuestas.

El ex subsecretario de Medioambiente de Michelle Bachelet, Jorge Canals, dice que se modifican los incentivos y que no está claro bajo que estándares el Estado debería compensar a las distintas empresas.

“Modifica los incentivos por un lado, puede hacer aún más engorroso la tramitación ambiental y más exigente dado que los organismos administrativos van a buscar blindarse o asegurarse de que la impugnación no proceda, y además que tampoco va a estar bien claro qué es lo que se tiene que reponer”, advirtió.

¿Posible inconstitucionalidad?

Otros señalan derechamente que la norma se puede calificar como inconstitucional, una amenaza implícita a los tribunales y que resta autonomía a los poderes del Estado.

Sin embargo, para Juan Pablo Leppe, especialista en derecho público, no se trata de una discriminación “caprichosa”, señalando que hay otros órdenes legales que aplican este tipo de norma y están dentro del marco constitucional.

“Entiendo que en otros ordenamientos jurídicos se han establecido reglas más o menos similares. Yo en principio no vería problemas con establecer este pequeño beneficio”, reconoció Leppe.

Dentro de esta maraña regulatoria no se consideran los recursos de casación, por ejemplo, que aun cuando se resuelve la sede ambiental, un 56% de las causas recurren a la Corte Suprema y ahí se añade otro plazo adicional.