Pablo Ovalle Isasmendi | Rodrigo Fuica | Agencia UNO
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Este martes 10 de septiembre se inicia el pago del Subsidio Eléctrico para el primer grupo de beneficiarios. Si bien desde el Gobierno buscan ampliar la cobertura de beneficio, el ministro de Energía, Diego Pardow, reconoció que no se cuenta con fondos fiscales para ello, señalando que parte de la industria eléctrica deberá asumir parte del financiamiento. Para recaudar los US$900 millones necesarios, se propone aumentar impuestos a emisiones de carbono, aprovechar el IVA neto por alzas en tarifas y ajustar rentas de agentes de generación distribuida. Este plan genera preocupaciones en el sector eléctrico, quienes advierte posibles pérdidas y cierres de empresas. Parlamentarios han manifestado descontento con la forma de financiamiento y piden alternativas al Gobierno, que se compromete a buscar soluciones.
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Este martes 10 de septiembre comienza el pago del Subsidio Eléctrico para el primer grupo de beneficiarios, el cual se cancelará en una sola cuota para todo el segundo semestre de 2024, cubriendo los meses de julio a diciembre y cuyo efecto se verá mediante rebaja en las boletas.
A partir del 2025, este beneficio que busca mitigar el impacto por alza de tarifas en los bolsillos de las familias, será pagado mes a mes.
Sin embargo, este subsidio, y en especial su proyecto para ampliarlo de 1,6 millones a 4,7 millones de familias beneficiarias, no está ajeno a las polémicas.
Ampliación subsidio eléctrico
El ministro de Energía, Diego Pardow, reconoció que no hay fondos fiscales para financiar el proyecto y señaló que a una parte de la industria eléctrica, le tocará soportar el esfuerzo financiero.
“Esta expansión del subsidio se produce en un contexto donde incluso el Consejo Fiscal Autónomo, autoridades internacionales, han mostrado que no hay holguras fiscales de donde echar mano. Y por lo tanto, cualquier nuevo gasto público tiene que venir acompañado de nuevos ingresos”, dijo Pardow.
La idea propuesta por el gobierno tiene tres ejes fundamentales para alcanzar los US$900 millones que necesitan: aumentar los impuestos a las emisiones de carbono de las centrales a carbón, el IVA neto que se obtenga por el alza en las tarifas, y un ajuste a las rentas que perciben los Pequeños Medios de Generación distribuida (PMGD).
Necesidad de recursos
Al respecto, el director ejecutivo de la Asociación Chilena de Energía Solar (ACESOL), Dario Morales, explicó cómo este proyecto puede llevar a pérdidas y a posibles cierres a parte del sector eléctrico.
“Esta propuesta del Gobierno, particularmente el tercer pilar (PMGD) busca recaudar el 50% del subsidio en un subsector que representa un 5% o 6% de la energía, recortándole el 40% de los ingresos, aproximadamente, en promedio”, subrayó Morales.
Parlamentarios miembros de la comisión de Minería y Energía de la Cámara de Diputadas y Diputados, donde se está discutiendo el proyecto, se mostraron disconformes con la forma de financiar esta subvención durante los años 2025 al 2027.
El diputado de la bancada del PPD, Cristian Tapia, mencionó que “quedamos preocupados porque le hicimos la pregunta al ministro Pardow; el Gobierno tenía un plan B, lamentablemente dice que no lo tiene”, agregando que no se puede perjudicar a las empresas y se debe buscar otra fuente de financiamiento.
En tanto la diputada demócrata, Yovana Ahumada, interpeló al gobierno para que establezcan un aporte estatal.
En medio de su participación del Chile Day, el ministro de Hacienda, Mario Marcel, señaló que “el Gobierno está comprometido a resolver estos problemas” al igual que lo hicieron en el caso de las aseguradoras privadas de salud.
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