La propuesta de Pacto Fiscal contó con una serie de anuncios en materia de gasto social, modernización del estado, recaudación y aumento de impuestos para las personas de mayores ingresos.

Tres gremios empresariales, la Cámara de Comercio de Santiago (CSS), la Sociedad Nacional de Minería (Sonami) y la Sociedad Nacional de Agricultura (SNA), reaccionaron a la propuesta de Pacto Fiscal, presentada durante esta mañana por el presidente Gabriel Boric.

Si bien las tres destacaron el fondo del Pacto, también mostraron reparos sobre temas como la reforma al impuesto sobre la renta, inversiones y certeza jurídica.

Valoración del Pacto Fiscal para el Desarrollo

Desde la CCS expresaron que “en lo medular, el gremio se manifestó “a favor de la racionalidad impulsada por el ejecutivo, planteando principios que han sido priorizados por nosotros a lo largo del debate, en orden a una modernización del sistema tributario y a la maximización de la eficiencia del gasto y del crecimiento económico como aportes determinantes para un mejor resultado fiscal”.

Por su lado, el presidente de Sonami, Jorge Riesco, expresó que “valoramos el objetivo último al que apunta el “Pacto Fiscal para el Desarrollo”, cual es precisamente racionalizar el gasto público y por esa vía, contribuir al crecimiento económico del país”.

Los requerimientos de la Cámara de Comercio de Santiago

La CCS expresó que, una vez logrados los objetivos de modernización del sistema tributario y una máxima eficiencia de gasto y crecimiento económico, “será posible abrir la discusión sobre modificaciones a la estructura impositiva”.

Además, en materia de informalidad, “el gremio valoró que se hayan incorporado anuncios relacionados a disminuir la evasión del IVA en el comercio electrónico transfronterizo, e insisto también en su propuesta de disponer, a través del SII, la retención del IVA desde los medios de pago por las compras minoristas de bienes que provienen del exterior en el caso de aquellos ecommerce que no cumplen la legislación tributaria local”.

Finalmente, la Cámara de Comercio de Santiago “reafirmó su disposición a colaborar en todas las áreas que la autoridad estime pertinente en esta materia”.

Las preocupaciones de Sonami

Sonami, por otro lado, fue más directa en mostrar su temor por los anuncios en materia de tributación a la renta y la disminución en el tiempo de tramitación de proyectos.

Sobre lo primero, expresaron que “cabe preguntar en qué consiste esta reforma, cuál es su alcance, qué impuestos se aumentarán, a qué niveles etc. No tener información sobre esta materia genera incertidumbre y, por cierto, afecta los niveles de inversión y en definitiva el crecimiento”.

Recordemos que el ministro de Hacienda, Mario Marcel, comentó posterior al anuncio del Presidente, que el alcance de la reforma a la tributación a la renta dependerá de las estimaciones de “cuánto espacio fiscal nos generará las medidas de estímulo al crecimiento y las de modernización de gestión pública. Lo que nos falte será lo que vamos a pedir a esta iniciativa tributaria”.

Respecto al ámbito minero propiamente tal, si bien aprecian la disminución del 30% en el tiempo de tramitación de proyectos, “consideramos que es insuficiente para que se despliegue con fuerza la inversión minera”.

A su vez, desde Sonami no aprecian medidas que aporten a otorgar certezas jurídicas y estabilidad en las normas que regulen la inversión.

“Además, se plantea desarrollar una minería “limpia y competitiva”, pero no hay una correspondencia con los instrumentos para ello”, añadió el presidente de Sonami.

“Solo conocimos los enunciados”

El presidente de la Sociedad Nacional de Agricultura (SNA), Antonio Walker, también se refirió a la propuesta de Pacto Fiscal.

“Valoramos el fondo del Pacto Fiscal y sus etapas de implementación. Sin embargo, con un escenario económico desafiante, reiteramos que esto se debe llevar a cabo con responsabilidad, buen uso de los recursos y una correcta implementación”, expresó el ex ministro de Agricultura.

Además, desde la SNA destacan están dispuestos a colaborar para que el Estado pueda hacerse cargo de los problemas sociales, “siempre y cuando las medidas no comprometan el crecimiento del país”.

Finalmente, Walker añade que “la mejor forma de hacernos cargo de los problemas reales es generar mayores incentivos a la inversión, productividad y el empleo“.