Según las autoridades del país, la norma asegurará una "baja inflación con crecimiento económico", junto con la llegada de más divisas (particularmente el dólar). Expertos, en contraparte, dicen que podría generar problemas a la economía local.
El polémico proyecto de Ley del Oro que el Gobierno de Luis Arce confía en que ayudará a fortalecer las mermadas reservas internacionales bolivianas recibió el visto bueno en el Senado, con lo que solo resta que el mandatario promulgue la norma para su vigencia.
La norma se aprobó en un contexto en el que también escasean los dólares.
Estas son las claves de la ley que ha sido cuestionada por opositores y expertos en economía porque, entre otros, da la atribución al Banco Central de Bolivia (BCB) para vender el oro sin la aprobación del Parlamento:
Antecedentes
Bolivia ya contaba con una Ley para Compra de Oro destinado a Reservas Internacionales, promulgada en 2011 por el entonces presidente Evo Morales.
Esa norma, que quedó abrogada por la nueva ley, autorizaba al BCB a comprar oro en barras a mineras estatales y a una central de comercialización de minerales explotados por cooperativas para incrementar las reservas de oro.
En 2020 se conoció que el oro se convirtió en un activo importante en las Reservas Internacionales Netas (RIN) bolivianas, pues por entonces representaba el 41% de su estructura.
La situación actual de las reservas bolivianas se desconoce y solo se cuenta con el dato de 3.538 millones de dólares hasta febrero pasado, uno de los niveles más bajos desde 2014, cuando llegaron a los 15.122 millones.
A fines de abril, el ente emisor informó que Bolivia tiene 43,05 toneladas de oro en reservas, de las que 42,51 están depositadas “en entidades financieras internacionales de alta calidad crediticia” y el resto está en sus bóvedas.
Nueva Ley
Con la nueva ley se busca fortalecer las RIN mediante la compra directa de oro a productores locales para refinarlo y certificarlo internacionalmente como activo de las reservas.
También faculta al ente emisor para realizar operaciones financieras con el oro en los mercados internacionales.
La norma establece que el BCB deberá mantener un mínimo de 22 toneladas de reservas de oro y también tendrá que informar cada cuatro meses al Legislativo sobre las operaciones que realice con este activo.
El Gobierno y el BCB aseguraron que si el proyecto se hubiera aprobado en 2021 asumiendo la compra de 20% del oro exportado, a 2022 las RIN habrían alcanzado un nivel de 5.081 millones de dólares, frente a los 3.796 millones en que cerraron el año pasado.
Según las autoridades, la norma asegurará una “baja inflación con crecimiento económico”, el acceso de los productores auríferos a “precios competitivos, peso exacto y justo” y la mejora del rendimiento y liquidez de las reservas.
Polémica y críticas
La aprobación de la ley estuvo precedida por acaloradas discusiones entre opositores y oficialistas, y también volvió a dejar en evidencia la pelea interna en el gubernamental Movimiento al Socialismo (MAS), al que le costó que los legisladores afines al expresidente Morales le den luz verde.
Algunos parlamentarios del ala “evista” cuestionaron las exenciones impositivas para la compra de oro por parte del BCB, mientras que la oposición ha advertido que la norma puede convertirse en un “cheque en blanco” para las operaciones con las reservas en oro.
El analista económico Jaime Dunn dijo que esta ley, “más que apoyar directamente a la economía nacional, va a ayudar a la liquidez del BCB y del Gobierno” y “no es más que un simple paliativo” que ayudará al Ejecutivo por unos meses, sin llegar a resolver la crisis económica actual.
Para Dunn, hay que preguntarse cómo se administrará esa liquidez en dólares que llegará mediante la norma, pues si se van al gasto público o a cubrir la importación de combustibles, las divisas volverán a salir del país.
A su juicio, para frenar la disminución de las RIN, lo primero es “cortar la sangría” que generan las subvenciones, el gasto público o la importación de combustibles y luego “curar a la economía” con medidas como reducir el aparato estatal, potenciar las exportaciones, abrir el país a la inversión extranjera y apoyarse en el sector privado.
