A propósito de la Operación Tokio, la UAF y el "Subsistema de Inteligencia Económica"

La recientemente ejecutada operación “Tokio” constituye un éxito que habla muy bien de la capacidad investigativa del Ministerio Público y de la PDI, asestándole un golpe significativo al crimen organizado en Chile.

En la misma, brilló por su ausencia la Unidad de Análisis Financiero (UAF), que es el organismo creado por ley el año 2003 para “prevenir e impedir la utilización del sistema financiero, y de otros sectores de la actividad económica chilena, para la comisión de los delitos de lavado de activos […]”. Para esto, la UAF basa su accionar en lo que denomina un “Enfoque Basado en Riesgos”, que funciona siempre que -entre otros- los bancos detecten anomalías y las reporten a la entidad.

¿Por qué falló la UAF? La UAF falló -dirán algunos- porque nunca recibió el reporte de operación sospechosa (ROS) que el Banco Santander debió haber emitido, ya que uno de sus ejecutivos integraba la organización delictiva que lavaba el dinero.

Y aunque aparentemente sí hubo ROS originados por otros bancos respecto de las empresas delictuales que lavaban dinero e incluso reportando al mismo ejecutivo, lo realmente grave que este caso expone es tanto la fragilidad del actuar de la UAF -que depende fatalmente de reportes de terceros- como también la inconveniencia de fragmentar la actividad de inteligencia en “subsistemas” que dificultan la eficacia global del Sistema de Inteligencia del Estado.

Esto, porque incluso es posible que alguna agencia de inteligencia policial haya contado con informaciones que hubiesen permitido orientar a la UAF y poner su atención anticipadamente en los sujetos y las empresas hoy acusadas. Pero como la UAF actúa de manera compartimentada, carece de dicha información.

La elaboración de inteligencia es el proceso de analizar e integrar datos de distinta naturaleza y provenientes de múltiples fuentes para elaborar información precisa y oportuna, que permita anticipar o resolver amenazas, prevenir el crimen y fortalecer la seguridad. Los insumos de inteligencia respecto de un individuo u organización podrían ser -entre otros- su ubicación espacial, sus movimientos financieros, su prontuario criminal e incluso sus publicaciones en redes sociales y el contenido de sus comunicaciones.

Como el objetivo de las organizaciones criminales es el enriquecimiento ilícito, dentro del abanico de insumos de inteligencia, la denominada “inteligencia económica” adquiere una importancia capital. “Follow the money”, es la expresión que ya en 1974 usaban en EE.UU. para indicar que rastrear el dinero ilícito permite detectar al crimen organizado y afectar sus intereses económicos, lo que suele resultar más efectivo que buscar sus “caletas” o capturar a sus “soldados”, activos ambos de fácil reemplazo.

¿Por qué no integramos la UAF al sistema de inteligencia, subordinándola a nuestra nueva y empoderada Agencia Nacional de Inteligencia? Probablemente, porque a la fecha de creación de la UAF -hace ya casi un cuarto de siglo- el fenómeno criminal en Chile poseía otra magnitud y a la operación del crimen organizado en Chile no le asignábamos entonces la importancia que luego adquirió, o mejor dicho, de la que tardíamente tomamos conciencia.

También, porque hace 25 años no percibíamos la necesidad de contar con un sistema de inteligencia efectivo y potente, coordinado por una ANI empoderada y operativa, como la reciente reforma a la Ley de Inteligencia persigue, que suma a la UAF al Sistema de Inteligencia del Estado en condición de “organismo colaborador”.

Por último -y esto puede resultar irritante- porque quizás aún quedan resabios de la percepción de que los mal llamados “delitos de cuello y corbata” -aquellos que involucran a bancos y a empresas- no son tan graves, no los comenten verdaderos criminales y no merecen ni el mismo repudio social ni la acción decidida del Estado que otros delitos ameritan.

Hoy existe la oportunidad de enmendar la situación descrita, ya que en el Congreso se discute la ley que trata este tema. Lamentablemente se opta por mantener un “subsistema de inteligencia económica” separado del Sistema de Inteligencia del Estado, lo que es un retroceso respecto de lo avanzado en la nueva Ley de Inteligencia y priva a la ANI de contar con una herramienta vital para la elaboración de inteligencia oportuna y eficaz.

Si la ley avanza en el sentido actual, la UAF continuaría como un organismo que investiga separada y exclusivamente una faceta particular del delito, lo que va en detrimento de su efectividad, le resta eficacia a todo el Sistema de Inteligencia del Estado y posibilita la repetición de situaciones como aquella originada con la operación “Tokio”.