La Ley promulgada este viernes por el presidente Gabriel Boric presenta un nuevo régimen en la jornada laboral, estableciendo un máximo de 40 horas legales de trabajo a la semana.
La jornada de este viernes el presidente Gabriel Boric promulgó la Ley que define la jornada laboral de 40 horas semanales.
En la instancia, el jefe de Estado valoró la aprobación del estatuto tras más 6 años de tramitación. Admitió que “no fue fácil sacarlo adelante”, recalcando los obstáculos que sufrió durante ese período.
Previamente, y conforme a un reporte de prensa del Ministerio del Trabajo, el Ejecutivo detalló que en Chile son 516 las empresas -de diversos tamaños- que ya aplican una jornada laboral semanal de 40 horas.
“Felicito tanto a los empleadores como a los trabajadores, a nombre del Gobierno del presidente Boric, por hacer este esfuerzo. (…) Son un ejemplo para muchas empresas pequeñas y grandes del país, demostrando en los hechos que sí se puede”, dijo la ministra del Trabajo, Jeannette Jara en una actividad.
En esa línea, invitó a las empresas a que se motiven -en la medida que puedan- a adelantar la aplicación de las 40 horas. Remarcó, asimismo, que “se debe mantener el nivel de salario”.
“Y las empresas que necesitan el tiempo y el apoyo siendo Pymes para irse adaptando van a contar la colaboración por parte del Servicio de Capacitación y Empleo (Sence) y la Dirección del Trabajo (DT)”, agregó Jara.
En resumen, la Ley promulgada este viernes por el presidente Boric presenta un nuevo régimen en la jornada laboral, estableciendo un máximo de 40 horas legales de trabajo a la semana.
Se trata de una norma que se implementará de manera gradual en un plazo de cinco años, a contar de este 14 abril de 2023.
Este cambio se aplicará con la fórmula 1-2-2. O sea, durante el primer año se reduce una hora, al tercer año dos horas más y al quinto año las dos restantes.
También entrega la posibilidad de una jornada 4×3. Es decir, 4 días de trabajo por 3 de descanso.
Además, otorga días de vacaciones adicionales y también establece la prohibición de disminuir la remuneración de los trabajadores.
