Los acuerdos encabezados por la OCDE buscan que las multinacionales paguen su parte justa de impuestos en todo el mundo. Y no sólo donde declaren tener su sede física, sino en todo lugar donde tengan gran actividad.
La OCDE ha revisado al alza sus cálculos sobre la recaudación que se conseguirá con los dos acuerdos internacionales sobre un tipo mínimo del 15% para el impuesto de sociedades y sobre la obligación de que las multinacionales paguen en los países donde tienen actividad.
El tipo mínimo del 15% se traducirá en unos 220.000 millones de dólares anuales a nivel mundial, que equivalen al 9% de los ingresos anuales por el impuesto de sociedades, una cifra netamente superior a los 150.000 millones que se calcularon inicialmente, anunció este miércoles la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE).
En cuanto a la atribución de nuevos derechos de imposición a los países en los que hagan negocio las multinacionales aunque no tengan la sede allí afectará a unos 200.000 millones de dólares de beneficios, y no 125.000 millones, que fue el cálculo que se hizo tras alcanzarse esos acuerdos en julio de 2021.
Eso supondrá un reparto diferente entre países de los impuestos que las compañías tendrán que abonar por esos beneficios, pero también se generarán unos ingresos adicionales para las arcas públicas de entre 13.000 y 36.000 millones de dólares a nivel global.
La OCDE subrayó que la aplicación a gran escala de ese dispositivo “contribuirá a estabilizar el sistema fiscal internacional, a mejorar la seguridad jurídica en materia fiscal y a evitar la multiplicación de los impuestos unilaterales sobre los servicios digitales y de los contenciosos comerciales y fiscales” que se derivarían.
Sus técnicos estiman que ese tipo de medidas unilaterales que se pondrían en marcha sin el acuerdo internacional para un reparto más equitativo de la fiscalidad sobre los beneficios podrían amputar el PIB en un 1% anual.
Acuerdo suscrito por 135 países
Ese “primer pilar” de los acuerdos de julio de 2021, suscritos por más de 135 países y jurisdicciones de todo el mundo, que representan más del 90% del producto interior bruto (PIB) mundial establece la obligación de que grandes empresas, en particular del sector digital, paguen impuestos donde tienen actividad, no sólo donde declaran su sede física, elegida con frecuencia para evitar tasas.
Por lo que se refiere al tipo mínimo del 15% para el impuesto de sociedades, afectará a las empresas con una facturación de al menos 750 millones de dólares que estén implantadas en más de un país.
La OCDE, que fue la que dirigió las negociaciones que desembocaron en los acuerdos de hace dos años y medio, insistió en que las reformas “garantizarán una atribución más justa de los derechos de imposición entre jurisdicciones de las multinacionales mayores y más rentables, incluidas las digitales.
Las ganancias del “primer pilar” estarán muy repartidos entre todos los países, ricos y pobres, a excepción de los llamados “centros de inversión”, que en muchos casos funcionan como paraísos fiscales puesto que atraen a muchas empresas para que establezcan sus sedes a cambio de tasas bajas o nulas, y que obviamente saldrán perdiendo, según su nuevo análisis.
En concreto, los que saldrán más beneficiados serán los países de ingresos bajos o medios, ya que obtendrán nuevos derechos de imposición sin que los que tienen actualmente se vean afectados.
Esta nueva evaluación llega semanas después de que en diciembre la UE consiguiera desbloquear las negociaciones entre sus miembros para aplicar en bloque el “pilar dos” sobre el tipo mínimo del impuesto de sociedades.
Ese mismo “segundo pilar” se ha incorporado recientemente también en los presupuestos de otros países como Reino Unido y Canadá, y se ha votado en Corea del Sur.
También han anunciado su intención de transcribirlo en su normativa fiscal Sudáfrica, Hong Kong, China, Singapur y Suiza, entre otros.
Además, Australia, Jersey, Malasia o Nueva Zelanda están lanzando consultas públicas para incorporarlo.
