CDE busca aclarar "llamado" de Vivanco a jueces: pide que declare docena de funcionarios judiciales

El Consejo de Defensa del Estado (CDE) solicitó, mediante una ampliación de querella, la declaración de 18 nuevos testigos e implicados indirectamente en la denominada trama bielorrusa, donde la principal apuntada es la exministra y vocera de la Corte Suprema, Ángela Vivanco Martínez.

Se trata de la causa substanciada ante el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago, donde se investigan los delitos de cohecho agravado, prevaricación y lavado de activos en el afán de beneficiar al consorcio chileno-bielorruso Belaz Movitec en el litigio ante Codelco.

A través de un escrito de 37 páginas, el órgano colegiado —junto con detallar pormenorizadamente cómo se configuraron los delitos— solicitó la toma de declaración a una veintena de implicados, la mayoría de ellos funcionarios del Poder Judicial en la Corte de Apelaciones de Copiapó y el máximo tribunal.

El CDE busca, por ejemplo, que otros ministros que participaron de los procesos judiciales declaren sobre eventuales anomalías detectadas o presiones recibidas de parte de Vivanco.

El llamado de Vivanco

En concreto, el CDE pidió al tribunal que oficie al Ministerio Público para que considere solicitar las diligencias al Departamento OS7 de Carabineros, específicamente a la Sección de Investigación Patrimonial y Anticorrupción.

Por un lado, de acuerdo con lo estipulado en el documento tenido a la vista por BBCL Investiga, se está pidiendo la toma de declaración a los ministros de la Corte de Apelaciones de Copiapó Rodrigo Cid Mora y Aída Osses Herrera.

Al primero para que se refiera a “posibles gestiones o presiones indebidas” de Vivanco en la tramitación y a la segunda para que, además de eso mismo, explique el contexto de un llamado que habría recibido de parte de la exsuprema en relación al cumplimiento de lo resuelto por el máximo tribunal en la trama bielorrusa.

Asimismo, se enlistó a la fiscal judicial de la Corte de Apelaciones de Copiapó y a la relatora del mismo tribunal, Anita Maluenda Hernández y Viviana Molina Chandía, respectivamente, también para que informen sobre presiones o gestiones indebidas de Vivanco.

Funcionarias de la Suprema

Además, el CDE estimó importantes los testimonios de las funcionarias Nancy Poblete Leiva, Alejandra Aguilar Muñoz, Manuela Velásquez Recine y Romina Carmona Toro —encargadas de la asignación de causas en cuenta a los relatores de la Corte Suprema— precisamente para que declaren sobre esos procesos. En el caso de Velásquez Recine y Carmona Toro, también se pide preguntarles por “la tramitación regular de una causa que (actualmente) se encuentra en cuenta”.

En el listado de potenciales testigos que podrían aportar datos relevantes para el caso, figuran también los abogados integrantes del máximo tribunal Ricardo Alcalde Rodríguez, María Benavides Casals, Rosa Etcheberry Court y Andrea Ruiz Rosas.

Todos ellos, detalla el órgano en su ampliación de querella, deberían testimoniar sobre la tramitación de la causa que dio origen a la “trama bielorrusa”, en particular respecto de “circunstancias que considere (n) anómalas en las audiencias y/o decisiones en las que intervino de la causa”.

Personajes de interés

A juicio del CDE, también debería ser interrogado el abogado Aldo Conejo González con el objetivo de que declare respecto de su intervención en la tramitación de la causa en cuestión y se refiera al “término anticipado del contrato celebrado entre el Consorcio Belaz Movitec y CODELCO” y “sobre cómo obtuvo conocimiento de lo fallado por la Tercera Sala de la Excelentísima Corte Suprema respecto de la apelación al recurso de protección”.

La nómina la completan tres nombres ligados directamente al consorcio empresarial chileno-bielorruso que hoy figura en el ojo del huracán: Josip Sekul Camus, Rotislav Lavrenov y Jaime Duch León.

Por último, el CDE pidió que sea citado a declarar el abogado y secretario privado de Ángela Vivanco, Guillermo Solar Pérez, para que comente sobre sus tareas y si conocía a alguno de los imputados en la causa.

Con todo, y en calidad de imputados, se solicitó como diligencia que se cite a declarar a Cristian Pizarro Cornejo, hijo del dueño de una casa de cambio utilizada presuntamente para blanquear uno de los pagos a la exsuprema, a la propia Ángela Vivanco y su pareja, Víctor Gonzalo Migueles, y a los abogados actualmente en prisión preventiva, Mario Vargas Cociña y Carlos Eduardo Lagos Herrera.