El fiscal pidió a la Convención que someta al Pleno la posibilidad de dictar una norma transitoria con el objetivo de radicar en la FNE el otorgamiento definitivo del beneficio de la delación compensada, hasta que el DL 211 se adecue a la Nueva Constitución, en caso de ser aprobada.
El fiscal nacional económico, Ricardo Riesco, encabezó la Cuenta Pública de la entidad. En la instancia reportó un número récord de acciones de libre competencia y detallo que solicitó a la Convención Constitucional la posibilidad de dictar una norma transitoria respecto a un punto ligado a la delación compensada.
En específico, el fiscal pidió a la Convención que someta al Pleno la posibilidad de dictar una norma transitoria relativa al inciso tercero del artículo 386 del borrador de Nueva Constitución.
Lo anterior, explicó, con el objetivo de radicar en la FNE el otorgamiento definitivo del beneficio de la delación compensada hasta que el DL 211 (decreto de ley) se adecue a la Nueva Constitución, en caso de ser aprobada.
Eso porque el mencionado artículo “no modifica las normas relativas a la secuencialidad de la persecución penal por el delito de colusión y al otorgamiento definitivo del beneficio de la delación compensada, haciendo inviable el uso de esa herramienta, porque no garantiza la exención de responsabilidad penal al momento de iniciarse la investigación criminal”.
Además, durante la cuenta pública Riesco destacó la labor realizada por la institución en el ámbito persecutorio, de control de fusiones y de promoción de la libre competencia durante este período.
Dijo también que la FNE está atenta a las alzas que han registrado varios productos de primera necesidad durante el último tiempo y que está analizando el tema con seriedad y detención.
“Si se nos entregan o encontramos antecedentes de que el alza de los precios se debe a colusión u otra clase de infracciones a la libre competencia, la Fiscalía, como siempre, perseguirá a todas las personas jurídicas y a todas las personas naturales que fuese pertinente, tal como lo ha hecho siempre en el pasado”, afirmó.
En su discurso, el fiscal abordó también el proyecto incluido dentro de la Agenda Antiabusos, que promueve otorgar más atribuciones a la FNE.
“La Fiscalía no necesita más atribuciones, sino que necesita más recursos (…). Hoy en día, esta necesidad reviste la máxima prioridad institucional en un escenario complejo”, señaló, detallando que el presupuesto actual bordea los US$8 millones al año y que se ha visto reducido durante los últimos períodos.
