El Fondo Monetario Internacional (FMI) dio a conocer el informe de la Evaluación de Transparencia Fiscal (ETF) de Chile, solicitado por el Gobierno a través del Ministerio de Hacienda a comienzos de 2021.

La solicitud de Hacienda y de la Dirección de Presupuestos (Dipres) sigue una de las recomendaciones de la Comisión de Mejor Gasto Público.

La Evaluación de Transparencia Fiscal que aplica el FMI se estructura en base a tres pilares: Informes fiscales; Pronósticos y presupuestos fiscales, y Análisis y gestión del riesgo fiscal.

Bajo estos parámetros, el FMI señala que “las prácticas de Chile cumplen con los principios del código (de Transparencia Fiscal) en un nivel bueno o avanzado para 21 de los 36 indicadores. Este es un buen puntaje, en comparación con el promedio de los países latinoamericanos y las economías de mercados emergentes”, y agrega que en otros 9 indicadores “Chile cumple con el estándar básico de práctica”.

Respecto de los desafíos, se plantea que el análisis y la gestión del riesgo fiscal muestran resultados mixtos.

El ministro de Hacienda, Rodrigo Cerda, respecto a los resultados del informe del FMI indicó que “son alentadores, muestran que estamos en la senda correcta, pero también nos indican que debemos seguir avanzando para continuar con las mejoras prácticas mundiales. Vamos a trabajar en conjunto con Dipres para aplicar y avanzar en estas recomendaciones”.

Junto con agradecer el informe del Fondo, la directora de Presupuestos, Cristina Torres, señaló que “la transparencia se ha vuelto un atributo obligatorio para una buena administración pública, y en el ámbito de las finanzas públicas esto es especialmente evidente, toda vez que la transparencia en las cuentas es indispensable para conocer el real estado de situación fiscal, los riesgos asociados y el sustento de las proyecciones macroeconómicas que se realizan”.

Resultados ETF: buenos y dispares

Respecto de los Informes fiscales —el primer Pilar de evaluación— Chile obtiene un buen resultado, destacando el rigor en la frecuencia y puntualidad en la publicación de estadísticas oficiales.

Dentro de las recomendaciones, se encuentra el avanzar en la consolidación de estados financieros de todo el sector público (Gobierno Central, General, extrapresupuestario, empresas públicas y Banco Central), incluir una reconciliación de stocks y flujos de financiamiento, y mejorar el estándar de explicaciones de revisiones estadísticas y delinear mecanismos y ajustes institucionales que avancen hacia mayores grados de independencia en la producción de estadísticas oficiales, con un riguroso esquema de auditoría.

En cuanto a Pronósticos y presupuestos fiscales —el segundo Pilar de evaluación—, los resultados también son positivos.

El FMI destaca el detalle con que se presentan las proyecciones macroeconómicas y la solidez y estructura de nuestra legislación fiscal.

Entre los pendientes está avanzar hacia un Marco Presupuestario de Mediano Plazo que establezca techos de gasto por sectores y mejorar la publicación de información sobre inversión en infraestructura. También se plantea mejorar la información de desempeño y orientación del gasto público y buscar mecanismos para incorporar mayores grados de participación ciudadana en la formulación y deliberación del presupuesto, así como la publicación de los resultados de la participación.

Finalmente, en cuanto a Análisis y la gestión del riesgo fiscal (el tercer Pilar), los resultados son dispares, con prácticas avanzadas en indicadores exigentes, como los asociados a gestión de riesgos, pero con brechas significativas en el plano de la divulgación de análisis de riesgos.

En este último plano se han registrado avances en lo más reciente, y para cumplir las exigencias se requiere consolidar prácticas como la inclusión, en cada actualización del escenario fiscal, de un análisis de sensibilidad con contextos alternativos para variables macro que inciden en la proyección de la posición fiscal.

Junto con esto, se debe avanzar en el desarrollo de un informe comprehensivo para un amplio rango de riesgos que puedan afectar la posición fiscal y en la publicación periódica de análisis de sustentabilidad de deuda y proyecciones de agregados fiscales a largo plazo, incluyendo, entre otros, la información de flujos de pago a Concesionarias y sus obligaciones totales.