En medio del confinamiento por la pandemia de covid-19 y las restricciones de movimiento para evitar el contagio, las plataformas de delivery han tenido un boom. Eso trae algunos riesgos, tal como le ocurrió a la psicóloga Claudia Sandino. Denuncia que le realizaron al menos cinco cobros en su cuenta corriente desde la aplicación Rappi, aunque ella ni siquiera la tenía descargada en su teléfono. Afirma, incluso, que nunca la ha usado.
En total, fueron 70 mil pesos los que desconocidos sacaron de su cuenta sin que ella, en primera instancia, lo notara. El primero fue por una cifra baja, aunque más tarde comenzó a subir a $4.440, $5.400, $28.000 y $32.630. Seguramente se dieron un festín, pues la aplicación se encarga de recoger productos que fueron previamente pedidos por un cliente, para luego transportarlos.
Datos de PlayStore indican que cuenta con más de 10 millones de descargas en todo el mundo, con funciones en territorio nacional y gran parte de Latinoamérica.
El relato
A raíz de su profesión, sus clientes le pagan mediante transferencia electrónica, por lo que revisa su cuenta constantemente. Al menos dos veces al día. “El día 26 (de enero) revisé porque me llegó una notificación de compra que me pareció curiosa, porque el cargo era de $320. Después vinieron otras notificaciones en las que el valor iba subiendo”, cuenta.
Tras notarlo, decidió contactarse con su banco para bloquear su tarjeta. “Me di cuenta que era un robo”, asegura.
“En el banco me dijeron que esto efectivamente había pasado en otras oportunidades (…) y que podían ser delincuentes que de alguna otra forma habían encontrado una debilidad en las páginas de las aplicaciones y entraron por ahí”, señala.
Para registrar las tarjetas de crédito o débito en las aplicaciones -no sólo en Rappi, sino también en PedidosYa y Uber Eats, por ejemplo- es necesario sólo tener el número de tarjeta, la fecha de vencimiento y el código verificador que se encuentra al reverso del plástico.
“La suma total fue de $70.430, que no es una millonada de plata, pero fue porque yo lo paré. No tengo idea cuánto más me hubieran sacado… y aunque te saquen $3, es tu plata”, afirma. “Sientes la cuenta vulnerada, el tema no es la plata, es el hecho”, añade.
Según consta en la plataforma Reclamos.cl, decenas de otros usuarios se han visto afectados por situaciones similares en esta y otras aplicaciones de delivery y transporte.
Un delito
La Ley 21.234 de 2020 tipifica como delito la suplantación de identidad de un titular de una tarjeta “para obtener la autorización que sea requerida para realizar transacciones”.
Con esto, desde Rappi manifestaron en un comunicado enviado a BioBioChile que “el fraude y la suplantación de identidades es un delito informático grave que según datos oficiales es recurrente, y que desde Rappi rechazamos enfáticamente”. Aseguran que trabajan para prevenirlo.
“Recomendamos que, ante un caso similar, las personas se comuniquen con las autoridades competentes y la institución bancaria para realizar las denuncias correspondientes. Asimismo, es aconsejable que realice una denuncia a Carabineros, para que tras una investigación y en diálogo con el banco se coordine la devolución del dinero al usuario”, señalaron.
Al tratarse de un delito, este medio tomó contacto con la Policía de Investigaciones (PDI) para obtener antecedentes respecto de qué puede hacer una persona que se enfrenta a este tipo de estafa. No obstante, declinaron referirse argumentando que es competencia del Servicio Nacional del Consumidor (Sernac).
Desde esa institución, que está encargada de velar por los derechos de los consumidores, señalaron a BioBioChile que “las aplicaciones de delivery, como toda empresa, deben tener estándares de seguridad que resguarden tanto los datos, como el patrimonio de los consumidores” y que “si un consumidor es víctima de una estafa por la falta de seguridad de una empresa, ésta debe responder”.
¿Qué hacer?
El Sernac llama a acudir a la institución mediante su sitio web, asistir a sus oficinas o llamar en forma gratuita al número 800 700 100 para interponer reclamos.
“Paralelamente, el Sernac mantiene un convenio con el Ministerio Público, a quien se le derivan antecedentes de prácticas fraudulentas para que ellos, en el marco de sus atribuciones, investiguen y persigan eventuales delitos”, dijeron.
Asimismo, explicaron que la Ley 21.234 aplica no sólo a fraudes asociados a tarjetas de crédito, sino que en general a medios de pago, incluyendo las transferencias electrónicas y operaciones realizadas por vías remotas, en las que no se emplea materialmente la tarjeta.
“Las entidades financieras deberán restituir el dinero a los consumidores afectados en un plazo de 5 días hábiles cuando el monto defraudado es equivalente a 35 UF, esto es, alrededor de 1 millón cinco mil pesos. En el caso de montos que superen esa cantidad, las entidades financieras deberán devolver el dinero en un plazo máximo de 12 días hábiles”, detallaron.
A partir de la entrada en vigencia de la Ley, las entidades financieras tienen prohibido ofrecer seguros contra fraudes a los consumidores, cuya cobertura corresponda a riesgos o siniestros que deban asumir de acuerdo a lo que indica la Ley.
Cierran especificando que, “en caso de infringir la normativa, las empresas se arriesgan a multas de hasta 600 UTM, cerca de 30 millones de pesos”.
