Las demandas por modificaciones a los mecanismos y prácticas de participación en el sistema educativo por parte de estudiantes, docentes, asistentes y familias han sido permanentes.
Tal como se ha diagnosticado en el documento “Participación y Democracia en las Comunidades Educativas”, publicado recientemente por el Centro de Investigación para la Educación Inclusiva, el actual escenario es resultado de la lógica represiva impuesta por la dictadura militar, que desarticuló las organizaciones existentes, cercenando sus dispositivos y mecanismos de participación y democracia. En este sentido, nuestro sistema educativo presenta un déficit y, por ende, tenemos una deuda pendiente: el dar mayor espacio, voz, reconocimiento y representación a las comunidades educativas
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Los Consejos Escolares, si bien hoy recogen la participación de los distintos estamentos, no son necesariamente vinculantes. Por eso, no suelen reflejar la diversidad de opiniones y demandas que surgen desde las Escuelas como espacios vivos de interacción.
En este contexto, la actual propuesta de Constitución elaborada por la Convención Constitucional presenta un avance.
En su artículo 42 se reconoce el derecho de las y los integrantes de las comunidades educativas a participar de forma vinculante en las “definiciones del proyecto educativo y en las decisiones de cada establecimiento, así como en el diseño, la implementación y la evaluación de la política educacional local y nacional”.
Asimismo, la disposición transitoria trigésima primera numeral dos, garantiza “la participación de las comunidades educativas en el proceso de adecuación del sistema educativo”.
El valor de la participación, cuando es vinculante y se considera para la toma de decisiones de un colectivo, facilita la mejora de las condiciones de vida de la comunidad educativa en su día a día. También permite que las y los estudiantes en la Escuela no sólo comprendan el concepto de democracia, sino también que lo vivan.
La participación permite a niños, niñas y jóvenes establecer una relación afirmativa con su espacio educativo y propiciar su posicionamiento como ciudadanos con derecho y voz en el espacio público. Además de la adquisición de aprendizajes respecto a sus capacidades de reflexión, la autonomía, el pensamiento crítico, la vinculación y el ejercicio de un diálogo social basado en las diferencias.
Experiencias de este tipo se traducen en la expresión de una dinámica de relación desde la Escuela en que la inclusión de la diversidad es parte de una operatoria permanente, y no el mandato de un decreto. La democracia no es sólo un modelo de gobierno, sino, ante todo, una dinámica de relaciones que nos permite vivir y convivir desde la validación de nuestras diferencias.
En definitiva, la participación educativa real y vinculante que represente necesidades, visiones e intereses es parte del ejercicio democrático, y por eso el deber de garantizar su ejercicio desde el sistema educativo.
Por Pamela Soto García, Natascha Roth Eichin, Mara Roitstein Valenzuela
Investigadoras – Centro de Investigación para la Educación Inclusiva
www.eduinclusiva.cl/plataformaconstituyente
