Dos gendarmes del penal de Chillán fueron suspendidos de sus funciones y tres fueron trasladados de cárcel luego de ser involucrados en una nueva golpiza a internos, hecho ya acreditado en un recurso de amparo acogido por la justicia. En el caso se hará parte el Instituto de Derechos Humanos con una querella por apremios ilegítimos.
El violento episodio ocurrió el 11 de marzo, cuando tres internos de la cárcel chillaneja resultaron con distintos tipos de lesiones en el rostro y en el cuerpo, incluso detectándose por el Servicio Médico Legal pérdida de visión y de audición en dos de ellos.
La golpiza se habría desatado cuando los gendarmes actuaron ante la molestia de los presos por la prohibición en el uso de un teléfono público al interior del penal. Reacción que el propio director regional de Gendarmería, coronel Pablo Toro, calificó como desproporcionada, por lo que se iniciaron procesos a nivel administrativo y de Fiscalía.
Los reos que sufrieron la golpiza fueron Juan Carlos Vaccaro y Jonathan Contreras, respecto de quienes la Corte de Apelaciones de Chillán acogió un recurso de amparo presentado por la Defensoría, revisándose hoy una segunda acción legal en favor de Pablo Zambrano.
El jefe regional de Gendarmería indicó que mientras se realiza el sumario administrativo se dispuso medidas respecto de cinco funcionarios, dos de los cuales fueron suspendidos y tres trasladados de penal.
En la investigación criminal iniciada por la Fiscalía de Chillán se hará parte el Instituto de Derechos Humanos, que a través de su directora regional, Carolina Chang, está jornada está presentado en el Juzgado de Garantía una querella por el delito de apremios ilegítimos.
