Luego de conocida la denuncia, que dejó en evidencia que la Escuela de Conductores Casyc - propiedad del socialista Oclides Anriquez – no contaba con certificación del Ministerio de Transportes para impartir cursos para obtener licencia profesional A-3, los afectados se reunieron con el director regional del Sence, en busca de solución a su problema laboral, ya que el certificado que recibieron con esta beca no tiene validez, y no les permite obtener trabajo.
Recordemos que la licencia A-3 permite manejar vehículos de transporte público y privado de forma remunerada.
Los afectados señalaron que esta reunión sólo les “aclaró el panorama”, pero que no soluciona su problema y menos establece responsables. Así lo afirmó Carlos Parra quien aseguró que son los culpables son “varios”.
Jorge Norambuena, otro de los afectados, también responsabilizó a la Seremi de Transportes. No obstante, sus críticas apuntaron a la veta política de este caso, específicamente a quien lo denunció: el consejero y candidato a alcalde por Hualpén, Gabriel Torres (RN).
El seremi de Transportes, César Arriagada, reaccionó “extrañado” ante estas acusaciones, ya que aseguró que está claro quién es el responsable.
Daniel Jana, director regional del Sence y quien convocó a esta reunión, reiteró que su servicio no participó del proceso de licitación y que tampoco existen dineros fiscales involucrados.
Además, Jana afirmó que se está investigando la línea administrativa.
Pese los múltiples intentos de conocer la versión del Organismo Intermedio de Capacitación -en este caso, la Cámara Chilena de la Construcción- rechazaron emitir una declaración, aludiendo a la “falta de antecedentes”.
Mientras tanto, los actores aseguraron que se trabaja en encontrar a los responsables y buscar sanciones. Sin embargo, son los trabajadores quienes -con una precaria situación económica- hoy están de brazos cruzados, sin trabajo y sin luces de encontrar una solución a corto plazo.
