El Gobierno se refirió a las críticas que recibió el cuestionado administrador de La Moneda, Cristián Riquelme, al resguardar parte de la información sobre su patrimonio, asegurando que es una facultad que otorga la ley para la protección de la privacidad de las personas.
Osvaldo Soto, ministro vocero subrogante sostuvo que “lo que a nosotros nos corresponde como Gobierno es el legítimo y total apego a las normas legales que se establecen sobre estos temas, y eso se ha cumplido“.
Explicó que Riquelme se acoge a la ley 19.628 que “permite la cautela de ciertos datos personales, y ejerce esa facultad y ese derecho que contempla dicha ley“, algo que vale para todos los funcionarios públicos.
Soto, enfrentado a consultas sobre porqué Riquelme mantiene reserva, siendo que no ocurre lo mismo con otros altos personeros de Gobierno, recalcó que a cada persona le corresponde tomar la decisión de acogerse o no a la entrega pública de información, pero asegurando que los datos reservados fueron entregados a la Contraloría.
“Las declaraciones están totalmente completas“, indicó el ministro (s), insistiendo en que el hacer o no pública la información responde al “fuero íntimo de las personas”.
Finalmente el vocero llamó a moderar el clima y el lenguaje, ya que se generan “escaladas de desconfianza muy potentes”, siendo que en nuestro país “las instituciones funcionan (…) cuando se trata de determinar responsabilidades” en casos como este.
